MADRID, 24 (OTR/PRESS)
¿Qué podemos esperar del Debate sobre el estado de la Nación? Poco. Apenas algunos titulares de propaganda. Entre los votantes del PP lo que quedará es que Rajoy va a intentar cumplir la parte del programa electoral hasta ahora olvidada: básicamente la bajada de impuestos.
Pero no será para mañana. Habrá que esperar al 2015, a los últimos meses de la residencia de Mariano Rajoy en La Moncloa en esta legislatura. Si, por el contrario, los seguidores del debate, pertenecen a la órbita del PSOE, lo más que pueden esperar es una de «no» a todo. Enmienda a la totalidad.
Quizá con la excepción de la estrategia seguida frente al desafío separatista que plantea Artur Mas en Cataluña. Todo lo demás que cabe esperar de la intervención de Rubalcaba es previsible: «Ceterum censeo Partido Popular esse delendam», por decirlo a la manera de Catón el Viejo en los tiempos en los que Cartago convertía en pesadilla los sueños de poder de Roma.
Rajoy proclamará la victoria sobre la prima de riesgo y la oposición le recordará el monto alpino de la Deuda. A lo suyo, los nacionalistas catalanes, le reprocharán los déficits de la balanza fiscal y la falta de voluntad para facilitar una consulta que saben ilegal, pero que les sirve para alimentar el victimismo. Al tiempo, sus primos vascos insistirán en hacer ver que hay que dar crédito a los autoproclamados «verificadores» cuando aseguran que el proceso de desarme de la ETA va en serio. Desde la bancada de Izquierda Unida la andanada que debe aguardar Rajoy denunciará los ERES abusivos en empresas que anuncian despidos multitudinarios pese a tener balances contables favorables. En este registro, es probable que el caso de la multinacional Coca Cola dé pie a más de un chispazo dialéctico.
El Debate sobre el estado de la Nación, es un cajón de sastre constreñido por la actualidad. Así que al hilo de casos de justiciables o imputados tan notorios como el de la Infanta Cristina o el de Miguel Blesa (Caja Madrid-Bankia), no es descartable que el debate se despeñe por una pendiente engrasada que termina de manera abrupta en un juicio popular muy negativo: la gente no cree en la equidad de la Justicia. Lo dicen las encuestas.
Hablando de encuestas, choca comprobar hasta qué punto el grueso de los ciudadanos está cambiando la percepción que tenía hasta hace poco del problema de la inmigración irregular. Este fenómeno que hace ocho o diez años, era visto con simpatía, ha pasado a la casilla de las reticencias. Debe ser cosa de la crisis. Con referencias a la tragedia de Ceuta -quince inmigrantes subsaharianos ahogados-, es casi seguro que el caso ocupará tiempo y polémica en la sesión estelar del Congreso. Poco más quedará del Debate sobre el estado de la Nación.
