Antonio Casado – Paro y corrupción


MADRID, 28 (OTR/PRESS)

El debate sobre el estado de la Nación se fue por donde vino sin pena ni gloria. Con escaso seguimiento de la ciudadanía. Tal vez porque vuelve a mostrarse como un debate sobre el estado de la clase política.
Hagamos el sano ejercicio de comparar lo dicho y oído en la Cámara a través de los medios de comunicación con lo dicho y oído en la calle a través de los sondeos. Dicen estos que las dos grandes preocupaciones de los españoles son el paro y la corrupción. El paro se trató cumplidamente como una derivada de la situación económica y no tanto como un cataclismo de efectos devastadores tanto a nivel individual como social. Y en cuanto a la corrupción en la vida pública, su segundo puesto en la escala de nuestras grandes preocupaciones descendió al puesto octavo o noveno en la escala de las grandes preocupaciones de los señores diputados.
El presidente del Gobierno nos invitó a ser optimistas respecto a una inmediata recuperación del empleo, en base a una inmediata recuperación del crecimiento. Pero veinticuatro horas después el Instituto Nacional de Estadística le bajó los humos. Los datos no justifican al optimista de Rajoy sobre la situación de los españoles que viven exclusivamente de su salario. El INE nos recuerda que la precariedad (contratos temporales y trabajo a tiempo parcial, básicamente) ha colonizado brutalmente el mercado de trabajo. Son 573.000 los empleos a horario completo destruidos en el reinado del PP. La contratación fija y la ocupación a tiempo completo (un puesto de trabajo, un trabajador, no dos, ni tres) están heridos de muerte desde la reforma laboral fletada por el Gobierno. Y no está bien decir a tantos millones de españoles, incluidos los parados, los dependientes, los pensionistas, los estudiantes, que «lo peor ha pasado ya».
Sobre la corrupción en la vida pública, segundo quebradero de cabeza de la ciudadanía, cabe levantar acta de que prácticamente pasó de largo en el debate. A poco maliciosos que seamos, hemos de relacionarlo con una cruda realidad: en estos momentos hay más de doscientos políticos implicados en distintas causas judiciales abiertas por infracciones penales o administrativas. Y el goteo es incesante. De hecho, en el transcurso de los debates del martes y el miércoles saltó la noticia de que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha defraudado al Fisco once millones y medio de euros entre los años 2000 y 2009.
Rajoy no le dio la importancia que tiene este agujero negro de la democracia española. Le podía haber sacado los colores a Rubalcaba por las corruptuelas del sindicato hermano en Andalucía (UGT y los ERE), o a Durán i Lleida por las del partido hermano (CDC y el caso Palau) o las propias (financiación ilegal de UDC). Pero debió pensar que si renunciaba a ello evitaba un mal mayor: que se le agobiaran por enésima vez con los nombres del PP asociados a la trama Gürtel y, sobre todo, la escasa predisposición de Génova a colaborar con la Justicia.

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