MADRID, 2 (OTR/PRESS)
ETA todavía no es consciente de que su poder de coacción residía en sus amenazas de matar. Su ensoñación fue doblegar al estado de derecho con el crimen. Mientras tuvo una capacidad organizativa para matar lo hizo.
Cuando la eficiencia de las medidas policiales, nacionales e internacionales, convirtieron a ETA en una organización terrorista trufada por los servicios de inteligencia, tuvo que dejar de matar porque su dirección era desarticulada en cuanto se regeneraba de las últimas detenciones. Entonces anunció el cese de su actividad criminal.
Su estrategia para el aprovechamiento político de esa decisión de abandonar las armas se esta desgastando como un azucarillo en un vaso de agua. Sigue pretendiendo un final «honorable» escenificado en un pacto del estado con la organización terrorista que les permita lavar su imagen criminal e ingresar en la historia como una organización política. Es absolutamente imposible.
Conviene que hagamos un escandallo para situar el final del terrorismo de ETA en los parámetros posibles y aceptables por las víctimas del terrorismo y los representantes políticos de los españoles.
Primero: ETA ha sido derrotada sin concesiones políticas. Quienes desde la derecha política y mediática enturbian esta victoria con la pretensión de concesiones por parte del estado de derecho hacen un flaco favor a la lucha contra el terrorismo.
Segundo: Acatar la decisión del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot es reconocer el sometimiento de nuestro estado a la ley y a los tribunales. Puede ser una realidad dolorosa, pero no es una concesión al terrorismo.
Tercero: se podrá discrepar de la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar a Bildu. Pero es también un sometimiento a la legalidad. Interpretar que fue una concesión a la banda terrorista, sin aportar ninguna prueba es un acto irresponsable que también favorece la estrategia de ETA.
Cuarto: es obligación del Gobierno, de la fiscalía y de la Justicia en general vigilar, además de acuerdo con las resoluciones del Tribunal Constitucional, que las organizaciones abertzales legalizadas se sometan al imperio de la ley y sean perseguidas, en su caso, por cualquier acto de colaboración o apología del terrorismo.
Quinto: Las organizaciones políticas democráticas y el gobierno tienen la obligación de exigir la rendición incondicional de ETA, su disolución y la entrega de las armas.
Cualquier medida de reinserción de los presos terroristas tiene que estar contemplada por la ley y exigir declaraciones personales de arrepentimiento y petición de perdón a las víctimas del terrorismo a las que tendrán que satisfacer por las indemnizaciones fijadas en las sentencias de los presos.
La unidad de criterio de las fuerzas democráticas y el apoyo a la estrategia pactada con el Gobierno es una condición indispensable para que el final del terrorismo sea considerada por la historia como una victoria de la democracia frente a los terroristas.
