MADRID, 13 (OTR/PRESS)
La fianza impuesta por la jueza Alaya a la exministra Magdalena Alvarez de algo mas de 29 millones de euros es, realmente, una fianza muy alta. No es la primera de estas características. Las ha habido aun más altas y la cuantía de todas ellas, en principio, son proporcionales a los daños causados aunque el juez tiene un importante margen para poder concretar la cantidad que el imputado en cuestión tiene la obligación de depositar en el juzgado que se la requiere. En cualquier caso, hay que señalar que la exigencia de una fianza no significa culpabilidad. Es una medida preventiva basada en indicios que, en opinión del juez de turno, son suficientes para pensar que, efectivamente, puede haber algún grado de culpabilidad.
Y aquí viene el núcleo de la cuestión que no es otro que el carácter casi eterno de algunos procesos: Gürtel, ERES de Andalucía y camino lleva el asunto Bárcenas, por no hablar del caso Urdangarín.
Nuestro sistema jurídico es, sin duda, el más garantista de los que nos rodean y eso obliga a trabajo minucioso, participación activa de todas las partes, posibilidad de infinidad de recursos, acusaciones particulares sin límite, etc. Hay que añadir, al menos en muchos casos, una falta evidente de medios y la muy poco utilizada figura del juez de apoyo. La solución no es atacar de lleno al carácter garantista de nuestro sistema. Todos queremos garantías y no hay porque renunciar a ellas, pero si es seguro que se pueden revisar plazos, exigencias documentales y otros muchos aspectos que rodean el proceso penal para abreviar su instrucción.
No deja de ser un atentado a los derechos y garantías constitucionales, que también asisten a los presuntos delincuentes, el que sus nombres estén años y años en la picota de la opinión pública. Y esto vale para todos. Para Magdalena Alvarez y para Bárcenas. Algo habrá que hacer y, en mi opinión, ya se está tardando.
