Antonio Casado – Nuestra policía


MADRID, 28 (OTR/PRESS)

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, denunciaba este jueves la existencia de una presunta escalada de la violencia que pretende la desestabilización del Estado de Derecho, aunque cree que es prematuro hablar de «estructura organizada». En cuanto a lo segundo, nadie lo diría, a la vista de lo ocurrido el pasado fin de semana en Madrid, al término de las llamadas «Marchas por la Dignidad», cuyo lamentable saldo cuenta más heridos entre los policías que entre los violentos. Menos mal que no estaban organizados, señor director. Lo que sí ha reconocido Cosidó es que, sin perjuicio de que los radicales hubieran actuado o no según un plan de acción previo, se cometieron errores técnicos en el operativo policial. Queda por saber si la responsabilidad viene del área profesional o del área política.
Por otra parte, seguimos sin confirmar la fundada sospecha de que la presencia de observadores internacionales de la OSCE pudo haber forzado una supuesta consigna de extremar la prudencia («aguantar» y «pelotas, no»). Lo cierto es que, efectivamente, los agentes la extremaron hasta tal punto que unos cuantos quedaron a merced de un grupo de jóvenes salvajes en el centro de Madrid, en circunstancias bien conocidas por la opinión pública, gracias a las cámaras de televisión.
El SUP (Sindicato Unificado de la Policía) habla de «dejadez» del ministro del Interior y el director general de la Policía, en relación al pendiente protocolo de acción de las Unidades de Intervención Policial (UIPs). Urge su puesta en marcha, a fin de evitar en lo posible incidentes tan graves como los ocurridos el 22-M, de los que suele derivarse la aberrante imagen de una ciudadanía enfrentada a las fuerzas policiales. O al revés. Y ese es el nudo de la cuestión.
Si entendemos la violencia inaceptable como un efecto no querido de una justificadísima expresión de malestar social, siempre surge el debate sobre el papel de la Policía. En esta ocasión, por defecto, lo cual dio lugar a unos dramáticos momentos de indefensión en un grupo aislado de agentes en los alrededores de la plaza de Colón. La investigación está abierta para saber quién o quienes fueron los responsables de dejar a los agentes a merced del terrorismo callejero, pero no hace falta esperar a los resultados para recordar que manifestantes y policías están del mismo lado. Aunque va de suyo en un régimen democrático, nadie lo resalta, si bien nadie deja de posicionarse sólo en torno a la violencia de los radicales. O solo en torno al sufrimiento de las capas más castigadas por la crisis económica. Al fondo, los insoportables procesos de intención que suelen formularse en clave política (partidista, en realidad).
Lo demás es una cuestión técnica. Por ejemplo, la necesidad de detectar a estos grupos de radicales y desactivarlos en lo posible antes de que actúen. Y, en cuanto a los incidentes de hace unos días, la depuración de responsabilidades por las órdenes que dieron lugar a la indefensión de los agentes.

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