MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Y ahora, ¿qué? Es la pregunta del millón. La pregunta que nos hacemos todos tras el debate del Congreso en el que por abrumadora mayoría fue rechazada la petición del Parlament de Catalunya para hacerse con una competencia que permitiría convocar un referéndum de carácter independentista. Sí estuviéramos hablando de una votación sustanciada en parecidos términos en, pongo por caso, el Congreso de los EE.UU. o en el Parlamento alemán, la respuesta a la pregunta sería sencilla: asunto zanjado; problema resuelto. Pero no estamos ni en Washington ni en Berlín.
Aquí, a juzgar por lo dicho por Artur Mas -que no se atrevió a defender personalmente su proyecto secesionista-, lo que va a pasar es que la Generalitat va a seguir adelante con su agenda. Una hoja de ruta que contempla la celebración de un referéndum el día 9 de noviembre. Mas sabe que se coloca fuera de la ley, pero, en apariencia, no parece conceder importancia a éste «pequeño detalle».
Puede que esté jugando de farol: mantiene el órdago a sabiendas de que no será posible colocar la urnas para así poder decir que lo intentó, pero que no le dejaron y, a renglón seguido, convocar elecciones bautizándolas como plebiscitarias. Es una posibilidad.
En definitiva, desde Jordi Pujol a nuestros días, la estrategia de CiU siempre tuvo como objetivo prioritario controlar el poder. Con pactos o sin ellos; en alianza con la izquierda (PSOE) o con la derecha (PP). Con el paso del tiempo a ése objetivo se fueron añadiendo otros. El penúltimo, colocarse a la cabeza de la manifestación de la Diada del 11 de Septiembre de hace un par de años. Ahora, acreditando lo difícil que es intentar descabalgar un tigre, por boca de Durán Lleida, dicen estar dispuestos a «negociar lo que haga falta». Me temo que dicho ofrecimiento procede más de Unió que de Convergencia.
En el debate vimos que Durán no hablaba el mismo lenguaje que Turull, el comisionado que hizo la tarea de ventrílocuo de Artur Mas. La trampa de todo este asunto fue señalada con acierto por Rubalcaba. Estamos ante un subterfugio: aunque jurídicamente la consulta tuviera un carácter consultivo, su resultado sería políticamente vinculante. Y, como recordó una y otra vez Mariano Rajoy, al tratarse de una consulta independentista no tiene cabida en la actual Constitución.
En resumen, pese al rechazo del Congreso, Artur Mas seguirá adelante con su desafío. Así que en nombre del Estado, el Gobierno, sin desdeñar la acción política, se verá obligado a actuar según lo establecido por las leyes. El pronóstico es: reservado, tirando a grave.
