MADRID, 10 (OTR/PRESS)
A Miguel Arias Cañete le gustaría debatir sobre los supuestos logros económicos del Gobierno. A Elena Valenciano le gustaría debatir sobre el nuevo proyecto de ley del aborto. Ni un asunto ni el otro son materias que competan a la Unión Europea pero, como resultan cómodos respectivamente a cada uno de los candidatos como armas arrojadizas, pues eso, erre que erre a defender posiciones contra viento y marea.
A estas alturas de nuestra democracia es más que vergonzoso el empecinamiento de los políticos -sobre todo de los dos grandes partidos- en huir de lo que en otras democracias es un trámite obligado, bien por ley, bien por tradición: un debate que ilustre a la ciudadanía sobre las distintas posturas que en las diversas materias que interesan a la UE mantienen los candidatos y sus respectivos partidos. Un debate abierto y lo más espontaneo posible, en que los contendientes se sometan a las preguntas de periodistas independientes, sin el encorsetamiento con el que habitualmente se mueven en nuestro país.
Las elecciones son el agujero por el que escapa una gran cantidad del presupuesto de los partidos. Carteles, spots televisivos, cuñas de radio, anuncios en prensa y mítines, suponen un esfuerzo económico gigantesco que sin duda procede en última instancia del bolsillo de los contribuyentes y que, a estas alturas, sirve escasamente para lograr el fin al que están destinados.
Y, en el caso de que sí tuvieran una repercusión en el resultado final, solo demostraría el desequilibrio entre los partidos con mayores y menores recursos. Sin olvidar, por otro lado, el vínculo que existe entre estos derroches publicitarios y los casos de corrupción en las financiaciones ilegales de los partidos.
El debate televisivo, con un formato similar al que se utiliza en las democracias consolidadas, sería, sin duda, una magnífica forma de evitar esa sangría de dineros públicos, y una necesaria y eficaz manera de mostrar a la ciudadanía las verdaderas deferencias entre las propuestas de los unos y de los otros.
Escamotear al electorado esta información tan necesaria para la formación de una opinión pública resultaría una postura despreciable, desalentadora y consecuentemente abstencionista.
