MADRID, 05 (OTR/PRESS)
La mejor manera de cargarse una Constitución todavía válida, aunque necesitada de retoques, es defenderla más allá de lo razonable. O acogerse a los supuestos ultraortodoxos que sugieren que lo que está fuera del texto legal es, simplemente, inexistente. Lo acaba de hacer el fiscal general del Estado, el por otra parte admirable Eduardo Torres-Dulce, en una declaración que es más que un lapsus, me temo, y contiene toda una carga de principios espero que no inamovibles: «lo que está en la Constitución, está en la Constitución, y lo que no está, no existe en la vida política y social de España», ha dicho el buen jurista -lo digo sin la menor ironía- que es Torres-Dulce, en frase inmediatamente aplaudida, claro está, por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que no pierde ocasión de desacertar.
La Constitución, en su integridad actual, se esgrime contra las pretensiones catalanas de convocar un referéndum lo mismo que se emplea como escudo contra quienes pretenden, al margen de toda lógica y prudencia política por otro lado, celebrar alguna suerte de plebiscito sobre la forma del Estado: ¿Monarquía? ¿República? Al disidente de cualquier tipo se le echa encima la ley fundamental, a la que se presenta desde las instancias oficiales como intocable e intocada; ya digo, es acaso el peor servicio que se pueda prestar ahora a un texto vigente desde 1978, que sirvió impecablemente para salir de una dictadura y enfilar el rumbo hacia una democracia descentralizada en lo territorial, más social en lo económico, más plena, lógicamente, de derechos políticos para los ciudadanos.
Los tiempos cambian, entramos -es obvio_ en una nueva era. Y puede que los textos que servían para justificar la defensa frente a los presuntos o reales errores -y, a mi modo de ver, plantear aquí y ahora tanto la consulta secesionista catalana como la pretensión de que el Gobierno convoque un referéndum sobre la Corona son dos graves equivocaciones_ ya no sirvan en la misma medida en la que sirvieron. La Constitución necesita una reforma en muchos aspectos, comenzando por el Título VIII, que regula las autonomías, pero no solamente en eso: es obvio que la primera etapa de la «era Felipe VI» ha de incorporar una seria reconstrucción constitucional, que incorpore no solamente un repintado de algunos, bastantes, artículos. Pienso que existe toda una concepción, tras la Constitución, que exige incorporar a la carta magna una nueva mentalidad: la de la necesidad de una forma diferente de gobernar, de entender el territorio nacional y las distintas aspiraciones que conviven en ese territorio.
Tiene razón Mariano Rajoy cuando advierte a quienes quieren consultar a la ciudad0anía acerca de si quieren el advenimiento de una República de que primero habrán de intentar cambiar la Constitución. No se pueden abrir los melones de manera tan alegre como lo han hecho Izquierda Unida, «Podemos» u otros grupos minoritarios, incluyendo acaso una pequeña parte del Partido Socialista. Resulta perfectamente legítimo, faltaría más, expresar opiniones divergentes que no pasen por la Corona. Lo mismo digo para el independentismo de Artur Mas. Lo que les falla es la estrategia y también la táctica. Y acaso hasta la concepción de lo que debe ser una democracia, que implica no cambiar las reglas del juego en lo más sensible de la partida. Llegando, a veces hasta a despreciar lo que significan las mayorías parlamentarias.
Pero eso no significa -y lo digo desde mis presupuestos sólidamente monárquicos y partidarios de la unidad de España- que estas reglas hayan de ser inamovibles, y menos usarse contra los gritos que se escuchan en la calle, aunque sean gritos minoritarios. Para solidificar la unidad del país es necesario completar el debate acerca de cómo se sentirían cómodos los nacionalistas catalanes y vascos dentro del Estado. Para consolidar a Felipe VI, que sin duda no podrá reinar -y eso es bueno- como su padre, hay que aceptar un debate franco, honesto y generoso con quienes no le quieren sentado en el Trono, que yo pienso que son los menos, pero eso qué importa. Lo que nunca ha de hacerse es utilizar las reglas, llámense Constitución, como arma arrojadiza y excluyente, porque el texto fundamental significa exactamente los valores contrarios, y siento decírselo a mi antiguo compañero y siempre admirado Torres-Dulce. Y a quienes con él comparten lo que considero un grave error.
