MADRID, 7 (OTR/PRESS)
Vaya por delante que mi no me gusta ni un pelo la figura del aforado, porque creo que tener en España 10.000 aforados, de todo tipo y condición, es simplemente una exageración y además lleva algunos a creerse inmunes a cualquier actividad.
Ahora, tras la abdicación del Rey, además de otras polémicas se ha planteado el debate sobre si el monarca -que hasta ahora según la Constitución no podía ser imputado en ningún caso- aunque pierda definitivamente este privilegio en el momento que dejen trono debería ser protegido de alguna manera.
Somos un país de extremos, de blanco y negro, de todo o nada y por eso precisamente está el tema del aforamiento encima de la mesa. Es muy improbable que Don Juan Carlos vaya a cometer algún tipo de delito, pero si es factible que algunos aprovechando esta indefinición aunque sea momentánea intenten llevarle ante los tribunales por otro tipo de intereses.
En todo este asunto ha habido tal imprevisión que nadie había caído en este vacío legal, que deja al hasta ahora Rey a la intemperie materia penal. Ahora tendrá que arreglarse el asunto deprisa y corriendo porque aunque al parecer el tema de la abdicación se llevaba preparando desde hace meses, nadie había caído en la parte jurídica lo cual no es extrañar teniendo en cuenta que tampoco, en todos los años desde la Transición, ningún gobierno ha tenido el coraje de elaborar una ley de la Corona que hubiera evitado muchas de las cosas que estamos viendo.
Y como no podía ser de otra manera también hay discrepancias en el ámbito judicial en la forma en que se debe abordar el aforamiento. Mientras algunos, entre ellos el Fiscal General del Estado Eduardo Torres cree que el actual Monarca debe tener una consideración especial y algún tipo de aforamiento, en el lado contrario Jueces para la Democracia cree que no es necesario.
Pero más allá de las discrepancias puntuales, hay un riesgo cierto de que desde algún sector antimonárquico se intente abrir alguna causa contra el Rey para minar la institución y no es normal que en un país donde los aforados superan con mucho a cualquier democracia avanzada, el que ha sido durante casi cuarenta años Jefe del Estado se quede a la intemperie legalmente hablando. Es verdad que no podría ser encausado por hechos ocurridos durante su reinado pero eso no quita que se puedan presentar demandas del tipo que sea desde el mismo momento que abandone su responsabilidad.
Si yo pudiera elegir sin duda eliminaría la figura del aforado que, aunque inicialmente, se contempló como una forma de impedir las vendettas y proteger a los servidores públicos, de distinto tipo, al final se ha visto más como un privilegio añadido al que ya tiene la clase dirigente de este país.
Aquí lo tienen no sólo los Diputados y Senadores sino que la ley ha ido extendiendo esta prerrogativa a los parlamentarios autonómicos, la judicatura, la fiscalía, el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, al Consejo de Estado al Defensor del Pueblo y… ¡en fin! así hasta alcanzar un número que ronda los 10.000 que se dice pronto.
Es verdad que en otros países con abdicaciones recientes, como el caso de Holanda o Bélgica, los monarcas salientes han quedado sin ningún tipo de protección y son ciudadanos como los demás, que es lo que le sucede ahora al Príncipe de Asturias, porque en España los miembros de la familia Real no están aforados.
Aún así y mientras se aborda a medio o largo plazo la cacareada ley de la corona -si es que finalmente alguien se atreve a meterle el diente al asunto- se deben tomar soluciones de inmediato para que el Jefe del Estado al menos tenga las misma protección que los representantes de otras instituciones, no más pero tampoco menos.
