Antonio Casado – Iguales ante la Ley


MADRID, 23 (OTR/PRESS)

Con el planeado aforamiento de don Juan Carlos y el eventual procesamiento de su hija, la infanta Cristina, el Estado se vuelve a jugar el prestigio de sus instituciones. En este caso, la Corona. Justamente por cuenta de un principio de alta sensibilidad ciudadana: la igualdad ante la ley. Si no se explica bien, tenemos garantizado el desmadre argumental en la confusión tóxica de los planos judicial, ético, estético y político.
En cuanto a la infanta, todo apunta al mantenimiento de la doble imputación por parte del juez Castro (fraude fiscal y blanqueo de dinero), después de la sonadísima declaración prestada por doña Cristina el pasado 8 de febrero en Palma. Por otra parte, en el Congreso se está tramitando una reforma legal pensada para que el rey que abdicó salga del limbo jurídico en el que se encuentra después de haber perdido la inviolabilidad que la Constitución Española le otorgaba: «La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad» (artículo 56).
Por tanto, la persona del rey que abdicó, don Juan Carlos de Borbón, no será inviolable y estará sujeta a responsabilidad civil y penal. No cabe hablar de blindaje individual porque podrá ser juzgado. No ante cualquier tribunal, como si fuera un ciudadano de a pie, sino ante el Tribunal Supremo. Eso es aforamiento. Un mecanismo de protección de las instituciones frente a usos arbitrarios de la Justicia. No rompe el principio de igualdad ante la ley o, al menos, nunca se ha considerado que lo rompa el hecho de que en España haya unas 10.000 personas aforadas. Y no es mayor el riesgo estadístico de conductas delictivas en miembros de la Familia Real que entre gobernantes, jueces y legisladores. Al revés, pues aquellos no son ni media docena.
Entre esa media docena no está, ni estaba ni estará, la infanta Cristina, hija del anterior rey y hermana del actual. De modo que, desde el punto de vista técnico, queda sometida a la acción de los tribunales ordinarios en régimen de igualdad ante la ley. Como cualquier otro ciudadano. Lo especial en este caso el prisma de la opinión pública. Básicamente, ético y estético. Bien lo sabía su padre cuando apelaba a la «ejemplaridad» y «transparencia» de los miembros de la Familia Real. Y como bien sabe su hermano, el rey de España, cuando en su discurso de proclamación hacía tan explícita alusión al deber de la Corona de observar una conducta «íntegra, honesta y transparente».
Bajo esa luz se hace imposible encajar la conducta de la infanta en las recomendaciones del Rey. No es ejemplar ni transparente. Puede ser una prueba de amor al marido, pero no de amor a la verdad ni de confianza en la Justicia, como se demostró en sus 579 respuestas evasivas del 8 de febrero ante el juez Castro: «no sé», «no lo recuerdo», «lo desconozco», y otras tales como «no lo sabía», «no me consta», «no tenía conocimiento». Así no hay forma de poner la mano en el fuego por ella. En términos éticos y estéticos, se entiende.

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