“La justicia es igual para todos” es el nuevo mantra con el que nos bombardean a diario, a ver si se cumple uno de los once puntos propagandísticos de Goebbels: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”. Cuando un principio fundamental, garantizado en un estado de derecho, hay que recordarlo de manera tan continuada, significa que, cuando menos, hay sospechas fundadas sobre su aplicación y cumplimiento.
Estos días, los ciudadanos asisten a la escenificación del gran tinglado de la moderna farsa; un teatro bochornoso que el espectador contempla atónito desde su patio de butacas. Primero, el aforamiento exprés del Rey saliente; una especie de regalo a todo el bien recibido a lo largo de los últimos cuarenta años. Esta premura ha levantado sospechas. El aforamiento contrarreloj de don Juan Carlos ha contribuido a que muchos ciudadanos crean que “algún asunto raro tendrá el Rey cuando hay que blindarlo por la vía de urgencia”. La sociedad no entiende estas prisas. ¡Miren que hay vacíos legales en varias materias! Pero los legisladores van a su paso de tortuga, sin prisa y con pausas eternas.
El gran tema del momento es la imputación, por segunda vez de la infanta Cristina de Borbón. Los ilusos, los ingenuos, los bienintencionados, los creyentes en la justicia, y los palmeros hipócritas cómplices de que la corrupción perdure, jalean el eslogan “la justicia es igual para todos”, recordando aquellas llamativas palabras del discurso navideño del anterior Monarca. ¡Valiente farsa! Los ciudadanos ya son conocedores de las reuniones secretas entre don Juan Carlos, el Fiscal General del Estado, el ministro Ruiz Gallardón, el presidente Rajoy Brey, y no sé si alguien más, para salvar a la Intocable, como la llama Eduardo Inda. ¡Hay que salvar a la Infanta, como sea! Tras la pantomima de la declaración de la señora Urdangarín Pedralbes –una burla al juez y a la ciudadanía—el juez Castro se tomó su tiempo y emitió ayer su auto de procesamiento, el segundo, por dos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales.
El juez instructor no juzga, pero establece que existen motivos suficientes para que la Infanta se siente en el banquillo y que sea un tribunal quien sentencie si es culpable o inocente. Es lo que corresponde. Pero la maquinaria del Estado estaba preparada con toda la artillería, para echar por tierra el trabajo del juez instructor. Ya se había filtrado que el fiscal Horrach tenía preparado el recurso de apelación, y veinticuatro horas después ya estaba presentado. Los abogados de la Infanta –muy tranquilos—también preparan su recurso.
El fiscal Horrach más que rebatir los fundamentos del auto, se ceba con Castro y lo acusa de estar contaminado por los medios de comunicación, “porque la realidad no vende”, de hacer una instrucción a la carta llegando a hacer un encaje de bolillos para demostrar lo indemostrable; de basarse en teorías conspiratorias y en meras conjeturas. Pero pasa por alto todas las pruebas documentales. Concluye que “el auto es tan inconsistente que una leve brisa lo desmorona”. No escribe mal, después de todo. Si sale tocado con el asunto Infanta, seguro que Planeta estará encantado de tenerlo en sus filas.
Esta lucha de gladiadores, cuerpo a cuerpo, entre fiscal y juez, los ciudadanos la perciben como una lucha entre el poder, representado por Horrach, y el pueblo, defendido por Castro. ¡Y esto no es nada edificante para la salud social! Es demoledor el impacto que causa en la sociedad, al comprobar que el Gobierno, la Abogacía del Estado, e incluso la Agencia Tributaria se han erigido –aun a costa de su prestigio— en defensores de la hermana del Rey. Esto causa temor e indefensión. ¿Podremos los contribuyentes presentar facturas falsas a la Agencia Tributaria? ¿Nos las aceptarán como a ella?
El caso Infanta nos trae a la memoria el caso Malaya, que ha vuelto a ser noticia estos días. Maite Zaldivar e Isabel Pantoja, esposa y amante del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, fueron condenadas a dos años de cárcel una, y a dos años y pico la otra, por lo cual esta entrará en la cárcel. Las causas tienen mucho en común con la de la Infanta, y también alguna diferencia sustancial. Moralmente, las de Marbella son mucho menos culpables. Ellas cogían el dinero en bolsas de basura, pero no firmaban papeles ni eran licenciadas en Políticas como la de Pedralbes. Sin embargo, el Fiscal recurrió la sentencia del caso Malaya porque estimaba que “casi se iban de rositas”, y merecían condenas mayores. ¿Por qué se mide con raseros tan distintos? ¿No son iguales ante la ley la Zaldívar, la Pantoja y la Borbón?
Quienes conocen al fiscal Horrach destacan su carrera intachable y su gran labor contra la corrupción. Si esto es así, es fácil deducir que “con la Monarquía hemos topado”. Tuvo una trayectoria encomiable hasta que se encontró con un pez tan grande que le rompió la red. Por presiones o por promesas, lo cierto es que ahora se ve obligado a hacer el papelón. Dicen los cercanos que él está convencido de la inocencia de la Infanta y que ni siquiera ve indicios. Yo no lo creo. Pero si así fuera, por qué no la deja sentarse en el banquillo para que la juzguen y la absuelvan. El Sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular está a la expectativa. En las altas esferas manejan posibilidades por si algo saliera mal. La “doctrina Botín” sería aplicable en el delito fiscal, pero no en el blanqueo de capitales. También cabe la posibilidad de que los tejemanejes judiciales den lugar a la “doctrina Infanta”. Pero eso aún queda lejos. A la Audiencia de Palma le toca ahora mover ficha.
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Por Magdalena del Amo
Periodista y escritora, pertenece al Foro de Comunicadores Católicos.
Directora y presentadora de La Bitácora, de Popular TV
Directora de Ourense siglo XXI
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