Francisco Muro de Iscar – Aforados y corrupción


MADRID, 02 (OTR/PRESS)

Acaba de decir el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que «en España conseguir una condena por corrupción es mucho más complicado que hacerlo por terrorismo o por narcotráfico». Es lamentable, pero no parece que nadie quiera hacer algo para cambiar eso. Hay muchos factores que influyen en esa dificultad: la facilidad para robar que tienen algunos en razón de cargos que no son transparentes ni están adecuadamente fiscalizados; la imposibilidad de que asuman responsabilidades políticas incluso cuando son imputados; la lentitud y la falta de respuesta de la Justicia; la carencia de tribunales especializados; la acumulación de asuntos de gran complejidad en algunos jueces de algunos tribunales -una de las consecuencias de la lamentable política de aforamiento en España-; las diligencias innecesarias que realizan algunos jueces para alargar la instrucción del proceso o para evitar que pase a otros órganos judiciales. «Ahora mismo, dice Luzón, algo tan básico como averiguar qué cuentas corrientes tiene un acusado en España supone una demora en la investigación de más de un año».
En un curso organizado por la Fundación Fernando Pombo en la UIMP, el presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, ha dicho que «los casos descubiertos -ahora mismo parece que hay más de setecientos casos de corrupción judicializados- son una minoría y no sabemos las cifras negras ni se pueden estimar porque sobre eso no hay estadísticas». Angel Juanes, el vicepresidente del Tribunal Supremo que «hay que agilizar los procesos porque cuando duran períodos de hasta diez años crean desconfianza en la población y no contribuyen a erradicar la corrupción». Si sólo fuera eso.
La corrupción no es patrimonio nacional, aunque lo parezca, sino global, en los países que son dictaduras y en los más democráticos. Pero al igual que con los aforados, la respuesta es diferente. Hay corrupción en Estados Unidos, China, Alemania, Inglaterra o Francia. Pero ya ven lo que ha pasado con el expresidente Sarkozy y con otros políticos en otros lugares. Aquí nos quedamos en la epidermis de los problemas. Tenemos ¡10.000 aforados! de los que sólo 2.200 son políticos.
Luego están los jueces y magistrados del Supremo, del Tribunal Constitucional o de Cuentas, de los TSJ, etc., las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el sursum corda. En Alemania, el Reino Unido o Estados Unidos no hay aforados. En Portugal o Italia, sólo el presidente de la República. En Francia, sólo el presidente, el primer ministro y los miembros del Gobierno.
Dice Gallardón que «el aforamiento no supone ningún privilegio ni un espacio de impunidad, sólo una simple garantía procesal». Ya. Por eso ninguno quiere cambiar las reglas tramposas del juego ni renunciar a su condición de aforado. Y se puede. El defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, ha renunciado a ese privilegio «porque todo lo que sea tratarte como un ciudadano privilegiado es un anacronismo». Rajoy promete ahora lo que no ha hecho en más de dos años de Gobierno y algunas cosas que ya estaban en su programa. Se acercan las elecciones. Sí que se puede. Pero no quieren.

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