MADRID, 20 (OTR/PRESS)
El Gobierno está dispuesto a introducir reformas urgentes en la Ley Electoral, sin acuerdo con el PSOE ni con otros partidos, para que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales. Y, aunque estoy de acuerdo en que el alcalde debe ser aquel que los ciudadanos prefieren, me parece que es más importante reducir el número de ayuntamientos, posiblemente a la mitad de los que hay ahora, y facilitar una gestión adecuada de los medios y de los recursos. Y exigir responsabilidades de verdad a los que lo hagan mal o a los corruptos. Pasado ese escalón, habría que hacer lo mismo con el estado de las Autonomías como ha hecho Francia con sus regiones. Pero eso no le parece importante ni al Gobierno ni a la oposición.
Es urgente saber qué va a pasar en Cataluña en los próximos cien días, pero lo importante es hacer saber a los ciudadanos catalanes -y a todos los españoles- que consecuencias tendrá sobre nuestra economía la sinrazón independentista, cómo va a afectar a nuestras inversiones, a nuestra renta y a la confianza de los mercados. Una Cataluña fuera de Europa es una catástrofe para los catalanes, y no está garantizado -como ahora, con la ayuda del Estado español- que los funcionarios o los pensionistas catalanes vayan a cobrar a fin de mes. Pero la economía española se resentirá de forma muy notable. Lo importante es explicar esto y buscar soluciones.
El déficit comercial español vuelve a dispararse, porque las exportaciones empiezan a ralentizarse y las importaciones -debido a la demanda interior- vuelven a crecer. Y tenemos una deuda que supera el billón de euros. Lo urgente es «vender» la mejora de la economía española. Lo que importa, sin embargo, es tener un modelo económico que nos permita asentar el crecimiento. Como eso sólo pasa por la educación, la investigación y la innovación, o invertimos más en eso y nos ponemos de acuerdo en un crecimiento sostenible en este terreno o no habremos hecho nada. Las diferencias entre PSOE y PP y su falta de interés en intentarlo lo hacen imposible.
El mercado laboral mejora, aunque sea a base de empleo temporal y precarización. Era urgente hacer algo y se ha hecho con un coste social importante. Pero el 55,4 por ciento de los jóvenes en edad laboral sigue en paro y cerca de un millón de jóvenes ni estudian ni trabajan y caminan aceleradamente hacia una exclusión social permanente. Puede que no trabajen nunca, puede que no tengan ningún subsidio y cuando lleguen a la edad de jubilación no tendrán derecho a pensión. Al mismo tiempo hay una cifra muy importante de mayores de 50-55 años que han sido apartados del mercado laboral y que representan un desafío social que obliga a actuar de forma urgente. Así que tenemos frentes que el Gobierno y la oposición deberían afrontar, diferenciando lo que es urgente de lo que importa de verdad a los ciudadanos. El empleo más que las elecciones municipales, el modelo económico y la educación, más que las primarias. Los ciudadanos antes que los políticos. O se enteran o les darán la espalda.
