MADRID, 2 (OTR/PRESS)
Insólito: el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha logrado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tradicionalmente enfrentadas, se pongan de acuerdo en algo: en criticar casi abiertamente la propuesta lanzada por el ministro sobre una drástica reducción de aforados, que, según dijo él en una entrevista periodística, pasarían de más de diecisiete mil a solamente veintidós.
Tanto en La Moncloa como en Génova se piensa que esa reducción sería «técnicamente imposible», que no existe plazo para llevarla a cabo en esta Legislatura -porque compromete muchos estatutos autonómicos y precisaría una reforma del artículo 102 de la Constitución- y que la idea tendrá un efecto «boomerang» cuando el Gobierno, que ahora se ve forzado a presentar una propuesta concreta, tenga que reconocer que el número de desaforados será mucho menor que el citado por Gallardón, con lo que lloverán protestas por «aguar» una medida regeneracionista.
En el Partido Popular no falta quien admita que el titular de Justicia se encuentra en una «situación difícil» dentro del Ejecutivo, por más que Mariano Rajoy parece completamente decidido a no hacer ninguna remodelación ministerial en la presente Legislatura, salvo, es de suponer, casos de «fuerza mayor». Si, como todo parece indicar, Alberto Ruiz-Gallardón no consultó sus respuestas a la entrevista periodística con sus «superiores» en el Gobierno, ¿sería este un caso de «fuerza mayor»?
Lo cierto es que, en su trayectoria al frente de Justicia, Ruiz-Gallardón ha pisado ya demasiados callos, y no hay prácticamente togado que no critique sus pretendidas reformas sobre el poder judicial o la elevación de tasas que propuso. Para no hablar ya, por ejemplo, de la polvareda levantada con su proyectada reforma de la legislación sobre el aborto, que probablemente tampoco entrará en vigor esta Legislatura, dado que aún no ha llegado a oficializarse, mientras que ha suscitado una intensa polémica justo cuando Rajoy quería «vender» a la opinión pública sus logros económicos.
Para colmo, la «propuesta Gallardón» en cuanto a la reducción de aforados ha suscitado las iras de prácticamente todas las asociaciones judiciales, que entienden que esta manera de acabar con un sistema vigente desde 1931 sería altamente inconveniente, al posibilitar que un juez sea juzgado por sus compañeros, y no por una instancia superior. No quisiera caer en presunciones temerarias, pero ¿ha querido Gallardón ser el primero en apuntarse a una regeneración que Rajoy pretende dosificar más bien con cuentagotas? Continuará, supongo.
