MADRID, 29 (OTR/PRESS)
Uno de los mensajes que la serie «pasión de catalanes» ha conseguido transmitir e incluso inocular en la opinión pública es que no hay nada más democrático que votar y, por tanto, quien se oponga a que el pueblo catalán pueda decidir en las urnas el próximo 9 de noviembre su futuro será tildado de anti demócrata. Sin embargo, no hace falta ser un experto en derecho político para saber que lo primero que es exigible en un sistema democrático es que se respete y se cumpla la ley, porque sin esta no hay democracia que aguante.
El Presidente de la Generalitat, Artur Mas, lleva desafiando la ley hace bastante tiempo. No solamente es que su Gobierno no cumpla las sentencias de los Tribunales de Justicia sobre cuestiones referidas a la lengua, a la enseñanza del español en las aulas de los colegios públicos de Cataluña. Es que al haber estampado su firma el pasado sábado en el decreto de convocatoria de un referéndum independentista para el próximo 9 de noviembre, Mas sobrepasó todas las líneas rojas: sabe de sobra que el referéndum es ilegal porque él no tiene autoridad ni competencia para convocarlo y sabe de sobra que el futuro de Cataluña no puede ser decidido sólo por los catalanes, sino por todos los españoles. Pero todo esto a Mas le da igual. Y un detalle no menor: el Presidente de la Generalitat de Cataluña es el máximo representante ordinario del Estado en esa Comunidad Autónoma.
Ante ese desafío a la democracia planteado por Mas, por CIU y por sus socios de ERC, la respuesta del Estado no puede ser otra que la de aplicar la ley. Eso significa, en una primera instancia, recurrir ante el Tribunal Constitucional -como ha decidido este lunes el Gobierno de la Nación- tanto la denominada ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña la pasada semana como el decreto de convocatoria del referéndum firmado por Mas. Significa que si el Tribunal Constitucional, como es previsible, admite a trámite este martes el citado recurso, se paraliza y se suspende el contenido del decreto. Significa que si Mas y su Gobierno no acatan esa decisión del Constitucional y siguen adelante con su propósito de que se celebre el referéndum, el Estado de Derecho tiene otros instrumentos para hacer que la ley se cumpla: desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, hasta el empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para velar que el día 9 de noviembre no se cometa una ilegalidad.
La ley está para cumplirla y para hacer que se cumpla en caso de que alguien quiera hacer caso omiso de ella. No parece que esto sea mucho pedir a nuestros gobernantes, sobre todo cuando al ciudadano de a pie le caen todas las «penas del infierno» a la menor transgresión de la ley que cometa.
