Antonio Casado – La partida sigue.


MADRID, 1 (OTR/PRESS)

En coherencia con la voluntad de llevar a cabo una consulta «legal y pactada», tantas veces reiterada por Artur Mas, presidente de la Generalitat, éste no podía hacer otra cosa que suspender la campaña institucional a favor de su operación soberanista cinco minutos después de haberla suspendido cautelarmente el Tribunal Constitucional como consecuencia del doble recurso presentado el pasado fin de semana por el Gobierno de la Nación. Sin embargo, el conseller de la Presidencia, Francesc Homs, se ha apresurado a desmentir la supuesta interrupción del proceso. «La partida continua», ha dicho.
Efectivamente, la institución da un paso atrás pero apadrina el paso delante de las organizaciones sociales (ANC, Omnium y otras entidades pro-independentistas) para quitarnos de la cabeza la idea de que la voluntad de actuar «conforme a derecho» supone una marcha atrás en la operación pilotada por el propio Artus Mas (CDC) y secundada con redobladas motivaciones por Oriol Junqueras (ERC). La jugada está muy clara. Se trata de pasarle el balón a la sociedad civil para que ésta se mueva en el ámbito de las libertades ciudadanas (expresión, manifestación, reunión) y evitar que el balón lo jueguen en este momento procesal (suspensión de la campaña institucional) los gobernantes y los funcionarios, que se mueven en el ámbito del servicio público y podrían incurrir en penas de habilitación contempladas en el Código Penal (articulo 410).
Así que, por un lado, las movilizaciones de la calle (debates, mesas redondas, carteles, etc). Y por otro, las alegaciones que la Generalitat presentará ante el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad del referéndum del 9 de noviembre. Esos son los dos resortes que accionarán estos días los responsables del llamado proceso soberanista, a fin de mantener la tensión hasta que se produzca el fallo del alto tribunal sobre el fondo de la cuestión: ¿puede la Generalitat consultar solo a los catalanes sobre una cuestión que nos afecta a todos?

Mientras tanto, los catalanes y el resto de los españoles siguen enzarzados entre los que se remiten a los marcos legales como limite de cualquier objetivo político (Rajoy), los que creen que el derecho a decidir está por encima de la ley (Artur Mas) y los que sueñan con una salida política, más que jurídica, a la reclamación de un amplio sector de la ciudadanía catalana.
Si no se hubieran encastillado tanto las posiciones se vería que las tres corrientes de opinión mencionadas se comunican entre si. Es absurdo contraponer «legalidad» y «solución política». Como si la ley y la política estuvieran reñidos. Más bien deberíamos abrazar todos por el dogma civil de que sin ley no puede haber solución política. ¿O no sería salida política apostar, por ejemplo, por una reforma de la Constitución que acabe abriendo el cauce adecuado para el encaje definitivo de Cataluña en el orden jurídico-político del Estado español?

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