MADRID, 6 (OTR/PRESS)
Llegados a este punto, a la Generalitat y sus costaleros les importa más la participación que el porcentaje de síes a la doble pregunta del domingo 9 de noviembre. No se aflijan por eso los nacionalistas, pues las cosas han evolucionado de tal modo que, a mi juicio, está garantizada una altísima participación en las votaciones catalanas del 9-N.
El hecho de que la consulta bis haya quedado debilitada por los recursos del Gobierno central, según reconocen las entidades sociales encargadas de organizar la jornada, es la prueba de convicción del empate entre quienes están obligados a defender al Estado de quienes aspiran a reventarlo y quienes sueñan con la Cataluña rica, plena e independiente de España.
Me explico. En vísperas del repicadísimo 9-N el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, bien puede atribuirse el mérito de haber conseguido que se aplicara el Estado de Derecho con la suspensión de la consulta por el Tribunal Constitucional. Y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, está a punto de conseguir que los catalanes voten. Se llame como se llame lo del domingo, porque la denominación es libre y eso no cae en el ámbito del Código Penal sino en el de la libertad de expresión.
Sí parece que la organización de las votaciones (consulta bis, pseudo-consulta, simulacro, proceso participativo, llámenlo ustedes como quieran) correrá a cargo de los grupos sociales y los voluntarios. No a cargo de los gobernantes, los funcionarios o, en general, los servidores institucionales o administrativos, que son los concernidos por las decisiones del Tribunal Constitucional.
En este punto hay que constatar la predisposición del Gobierno y la Fiscalía del Estado a dedicarle una mirada distraída a posibles incumplimientos que, en los supuestos de desobediencia, se aplicarían a dichos servidores públicos. No quiso el Tribunal Constitucional responder al requerimiento del Gobierno para que alto tribunal advirtiese de esos incumplimientos. Según uno de los magistrados «por no echar ni una gota de gasolina». Y esa es justamente la actitud del Gobierno de cara a la jornada del domingo, a fin de que el sentido de la responsabilidad del Govern y sus funcionarios sea suficiente para hacer innecesaria la intervención de la Fiscalía.
El domingo tendremos consulta de hecho, que no de derecho. Sin cobertura legal ni garantías democráticas, vale, pero con urnas, papeletas y una afluencia a las urnas previsiblemente alta. Unos acudirán por convicción y otros por no ser señalados con el dedo (la indiferencia está socialmente mal vista), pero a Artur Mas le vale como prueba de haber cumplido su compromiso. Del mismo modo que el dontancredismo activo de Rajoy le habrá servido para superar un grave desafío al Estado.
Y todo eso permite esperar que no haya vencedores ni vencidos. Y que, a partir del día después, podamos decir que con el diálogo prometido hace dos días por el presidente Rajoy, empieza la descompresión.
