Fernando Jáuregui – Ahora sí que el huracán del cambio nos llama a la puerta.


MADRID, 16 (OTR/PRESS)

El PSOE dice que iniciará «de inmediato» los trabajos previos a una propuesta definitiva y formal sobre la reforma de la Constitución, y la presidenta andaluza, Susana Díaz, sugiere que esta reforma ha de comenzar necesariamente por el Título VIII, dedicado al régimen autonómico. Ya era hora de que los socialistas concretasen su hasta ahora vaga idea de que hay que ir a la introducción de cambios en la Carta Magna: en la asamblea de Podemos, su flamante y desde luego no inesperado secretario general, Pablo Iglesias, ha dicho que hay que cargarse «el candado del 78», es decir, la Constitución.
Y Artur Mas, en su carta a Mariano Rajoy, que Rajoy responderá en las próximas horas, parece que hace caso omiso de lo que la norma fundamental dice: él exige ahora un referéndum «formal» para saber si los catalanes quieren o no ir hacia la independencia, y le da lo mismo lo que digan el Tribunal Constitucional, la Fiscalía del Estado o el «sursum corda». Comprenderá usted, amable lector, que, con la que está cayendo, que venga la secretaria general del Partido Popular, la voluntariosa María Dolores de Cospedal, a acusar ahora a Sánchez de querer «dinamitar» las reglas del juego con su propuesta de reforma constitucional -que ni ella, ni usted, ni yo, conocemos- es una respuesta insuficiente.
Yo no creo, como parece creer Pablo Iglesias, que todo cuanto significó la transición, iniciada hace ahora casi cuarenta años, con la muerte del dictador, haya de ser arrojado a la basura, como cosa «de viejos de corazón viejo» (Iglesias dixit). Pero tampoco creo que haya que enrocarse en el «desconocimiento» que Iglesias y los suyos muestran acerca de lo que la transición significó, para despreciar las ansias de vientos nuevos. Y, menos aún, seguir con el lenguaje político de siempre, a base de asegurar que los socialistas quieren «dinamitar» las reglas del juego proponiendo una serie de reformas, que vaya usted a saber cuáles son, para hacer la Constitución del 78 más adecuada a la realidad de una Cataluña en la que nada menos -no «nada más», como nos ha dicho Rajoy- que dos millones doscientos cincuenta mil catalanes han votado la semana pasada en una consulta «ilegal», el ochenta por ciento de ellos a favor de la independencia.
Desde luego que no pienso que haya que arrojar la Constitución del 78 como un trasto inservible, especialmente cuando no aparecen a la vista propuestas sólidas, creíbles, lo suficientemente apoyadas, para sustituirla. Claro que mucho menos opino que no haya que cambiarla, en algo o, preferiblemente, en mucho. Empezando, sí, por ese Título VIII del que habla Susana Díaz (y, antes que ella, tantos otros), pero continuando por otros muchos artículos, que han quedado desfasados, incompletos o que contradicen otros preceptos constitucionales. Si la Constitución del 78 ha muerto, hay que lanzar un viva a la renovación de la esa misma, pero diferente, Constitución del 78. Hay tiempo para cambiarla de aquí a un año, cuando, de todas formas, habrá que disolver las cámaras legislativas para convocar elecciones generales y, por tanto, si se quiere, para hacer el referéndum sobre tales modificaciones.
Lo que ocurre es que ese tiempo, en el que las fuerzas políticas han de alcanzar un consenso, no es ya mucho, aunque sería, si esas fuerzas lo quieren, será suficiente: al fin y al cabo, en circunstancias más difíciles, Adolfo Suárez logró dar la vuelta como un calcetín al Estado, para democratizarlo -sí, señor Iglesias: para democratizarlo y prepararlo para cuarenta años de tranquilidad democrática, aunque sea dentro de una democracia insuficiente-.
Somos en España muy proclives a destacar el detalle, lo superficial, los «casos Monago», y a dejar pasar, en medio de la polémica soterrada, lo esencial. Pero ahora estamos ya en el debate de lo esencial. Dice la presidenta de la mayor comunidad autónoma de España que «la organización territorial vigente en la Constitución es letra muerta». Y otra figura política emergente, Pablo Iglesias, nos habló del «candado del 78». No puede llegar ahora Mariano Rajoy, sin duda agotado tras su largo viaje a Australia, pretendiendo que aquí no pasa prácticamente nada. Porque sí está pasando, y mucho. Despachar «lo del 9-n» con un mero «son un sesenta por ciento más los catalanes que no quieren la independencia que los que la quieren» es como decir que el PP carece de autoridad para gobernar porque fueron más los españoles que no le votaron que los que sí lo hicieron. Y está claro que no es eso.
Todo está en proceso de cambio, quiéralo o no esa clase política e institucional asentada, a la que Iglesias, en un colmo de desprecio inadecuado, llama «casta». La generación que nos gobernaba está dejando de estar presente: la semana pasada fue Alfonso Guerra quien anunció que dejaba el escaño, hoy es el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, otro «histórico», quien nos anuncia un próximo mutis por el foro, en medio del relativo caos instalado en su formación. Demasiados indicios como para no tomarlos en cuenta por el político más veterano -en el sentido más positivo del término- que nos queda, que es el que mayores dosis de poder e influencia tiene. Por el momento. Porque, si no actúa con los movimientos adecuados y con la velocidad precisa sobre el endiablado tablero de ajedrez en el que estamos moviéndonos, Rajoy corre el riesgo de que se hagan realidad las profecías sobre el vacío con las que esta semana golpeaba a La Moncloa una publicación tan prestigiosa, aunque a veces no sepamos muy bien por qué, como «The Economist»: a este paso, dentro de un año es posible que Mariano Rajoy haya tenido que abandonar su residencia monclovita. Lo difícil es decir a favor de quién, o en contra de quiénes. O si ello realmente nos conviene a los ciudadanos.

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