MADRID, 5 (OTR/PRESS)
Por obra y gracia de su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, el Gobierno y el PP pueden permitirse anunciar sin temor a equivocarse que la propuesta socialista de reformar la Constitución, siquiera en sus fases de tanteo (Pedro Sánchez propone crear una subcomisión parlamentaria para explorar esa posibilidad), está condenada al fracaso.
Esa negativa se materializará formalmente en la reunión de la Mesa del Congreso, el martes que viene o en reunión posterior, pero los estados mayores de Rajoy en Génova y en Moncloa ya se han adelantado a decirle al PSOE que no hay nada que hacer. El propio presidente del Gobierno se lo decía a Sánchez en la misma mañana del miércoles pasado, unas horas antes de que el grupo parlamentario socialista registrase la propuesta.
Para mayor abundamiento, se habilitó al secretario general del grupo parlamentario del PP, José Antonio Bermúdez de Castro. Sus explicaciones dejan perfectamente clara la doctrina Moncloa sobre una eventual actualización de nuestra Carta Magna: «no es necesaria», «no es oportuna», «no responde a una demanda de los ciudadanos», «no se puede abrir una puerta sin saber cómo se va a cerrar». Y además, «debe hacerse por consenso y no por una «propuesta unilateral».
Si no entramos en el fondo de la cuestión, hemos de convenir que la «unilateralidad» que el PP reprocha a los socialistas solo puede responder a la propuesta concreta de crear una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional. De ninguna manera a los contenidos de la futura reforma, puesto que la propia iniciativa se remite a las opiniones y dictámenes de los expertos, primero, y al diálogo y la negociación entre fuerzas de base parlamentaria, después.
Y si entramos en el fondo de la cuestión, hemos de convenir que la unilateralidad inicial se diluye en la concertación del diagnóstico. Ahí sí debe operar la premisa mayor del diagnóstico compartido sobre los tambaleantes pactos del 78 en medio de la ciudadanía descreída respecto a un sistema con claros síntomas de agotamiento. Esa percepción está muy extendida política y socialmente. También entre cuadros del PP, aunque la proverbial indolencia marianista no lo deje ver en público.
Suele asociarse la iniciativa socialista de reforma constitucional a su apuesta federalista en relación al problema catalán. Eso solo es la respuesta al abierto debate territorial como consecuencia de la fatiga de materiales que se detecta en el Estado de la Autonomías. En todo caso uno de los tres grandes capítulos que entrarían en la puesta al día del texto constitucional. Los otros dos afectarían al funcionamiento de la democracia (participación, representación, control, transparencia institucional, etc.), por un lado, y a la necesidad de garantizar los servicios públicos que forman parte del llamado Estado del Bienestar y que, del mismo modo que el equilibrio presupuestario, deberían convertirse asimismo en un mandato constitucional.
