Antonio Casado – El fiscal se vino abajo.


MADRID, 19 (OTR/PRESS)

La falta de colaboración del fiscal general del Estado en la suerte judicial y penitenciaria del tesorero del PP, Luis Bárcenas, es uno de los dos grandes asuntos judiciales que envenenaron la relación de aquel con el entonces ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y con el Gobierno. Lo ilustramos con una frase del reciente paso por el Congreso del señor Torres Dulce. Aún estaba en campaña por la autonomía del Ministerio Público. Vean: «No se me puede acusar de ser un fiscal proclive al Gobierno cuando investigo a Luis Bárcenas y solicito prisión para él».
Entonces me pareció muy grave que el fiscal general del Estado estuviera aireando el presunto encubrimiento del ex tesorero del PP por parte del Gobierno de la Nación, pero eso es lo que se desprendía de la frase. Pero no se le dio mayor importancia. A lo le estaba traicionando el subconsciente al vincular su sed de autonomía con las presiones en favor de un sinvergüenza. En todo caso, ese es uno de los dos grandes asuntos que distanciaron al ya ex fiscal con el Gobierno que lo nombró. El otro es más reciente y guarda relación con el simulacro de referéndum llevado a cabo en Cataluña el pasado 9 de noviembre. El propio Torres Dulce dio unos días después las coordenadas de los roces entre las dos instituciones. Le bastó con reconvenir el intento de acompasar los «tiempos de la política» a los «tiempos de la justicia». Lo dijo mirando a Moncloa, claro.
Fueron muy loables sus intentos por romper con la imagen de una Fiscalía a las órdenes del Gobierno de turno, como si fuese un brazo más del mismo. O por airear una propuesta de alejamiento del Ejecutivo y acercamiento al Judicial. Alejamiento, en todo caso, de la contienda política. Todo eso es lo que predicaba el hasta ahora fiscal general del Estado. Hasta ahora, digo, porque con su espantada acaba de desmentirse a sí mismo. Quiero decir que ha traicionado lo que defendía: la autonomía de la institución, sin haber querido utilizar una herramienta legal que le hubiera permitido reafirmarse en sus posiciones. Hablo de la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal realizada en tiempos de Zapatero, en la que se eliminó la facultad gubernativa de cesar al fiscal general antes de terminar su mandato.
Por tanto, el «cese a petición propia» es el reconocimiento de que le vencieron las presiones políticas, aunque lo disfrace en público con su apelación oficial a «razones personales». No se daba ninguno de los otros supuestos de interrupción del mandato, muy tasados en la mencionada reforma. Eso supone que, como causa de la dimisión, a Torres Dulce le ha parecido suficiente que el Gobierno le hiciera la vida imposible.
Recordemos su reciente alegato contra las injerencias: «No tolero que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer», dijo muy altivo su comparecencia del pasado 26 de noviembre. Ha resultado que los tiempos de la política se lo han llevado por delante y él ha sido incapaz de evitarlo porque no quiso o no supo apurar su aguerrida defensa de un Ministerio Público realmente autónomo.

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