MADRID, 19 (OTR/PRESS)
He conocido y entrevistado a todos los fiscales generales de la democracia. Todos ellos coincidían en una sola cosa: que se consideraban los fiscales generales del Estado y no del gobierno. Ninguno de ellos jamás ha admitido que aceptaba presiones de los inquilinos de la Moncloa, queriendo preservar una independencia en la Justicia, que en el caso de la fiscalía tiene un componente jerárquico evidentemente les contamina.
Una de las cosas que más me escandalizó en su dice fue que el fiscal general de Zapatero, Cándido Conde Pumpido un respetado y reputado jurista, hasta entonces, degradara su cargo y condición afirmando, sin matices, que las togas se deben manchar con el polvo del camino, es decir, que la justicia debe adaptarse a la situación política -y por lo tanto coyuntural y caprichosa- del momento. Cuando ahora hemos visto presentar la dimisión a Eduardo Torres Dulce y sabemos, aunque él lo niegue, que su marcha ha tenido que ver con las presiones que ha podido recibir del entorno del ejecutivo, he pensado inevitablemente que tampoco con los fiscales generales se puede hacer tabla rasa.
Está claro que Torres Dulce no ha sido un fiscal general cómodo para el Gobierno, ni tampoco para el PP. Tal vez nos habíamos acostumbrado aquí al ejercicio de la fiscalía con una pata más del ejecutivo, pero dentro de administración de Justicia y no como alguien independiente que vela por el cumplimiento de la ley y no pretende defender los intereses del partido que le nombra. Si uno repasa estos tres años de mandato se encuentra con que su primer encontronazo con el gobierno de Rajoy vino de la mano de los papeles de Bárcenas, cuando el fiscal solicitó prisión provisional sin fianza para el extesorero del Partido Popular y como es lógico el juez Ruz aceptó la propuesta. Después vinieron los encontronazos con los ministros de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya que el fiscal rechazó reformas cono el código procesal Penal que, en su opinión, recortaba funciones de la fiscalía. Pero sin duda el enfrentamiento mayor, el encontronazo definitivo con el ejecutivo de Rajoy, se produjo tras la consulta independentista del 9-N. Como se sabe él era partidario de presentar una querella contra Artur Mas por la convocatoria de la misma, pero el gobierno lo paró pensando que el presidente de la Generalitat daría marcha atrás y cuando vio que no lo hacía quiso que el fiscal actuase. «Los tiempos de la fiscalía y de la justicia no son tiempos políticos y mediáticos porque los fiscales examinan los hechos con absoluta imparcialidad», dijo entonces visiblemente enojado y dando un especie de aviso para navegantes sobre lo que ha ocurrido ahora.
Torres Dulce se va con su prestigio intacto, y con el marchamo de ser un fiscal riguroso que ha actuado de acuerdo a su condición no pensando en favorecer al gobierno. Su sucesora será Consuelo Madrigal, una fiscal que ofrece un perfil profesional y discreto, que hará frente a su nuevo cargo en un año que se presenta especialmente convulso por el conflicto de Cataluña, la coincidencia de varias citas electorales y la conclusión de procedimientos de corrupción que afectan al PP, singularmente la parte principal del caso Gürtel. Dicen que la apuesta ideológica es segura, ya que a Madrigal se le atribuye una orientación conservadora, pero lo importante es que sea independiente. Va a se la primera mujer que dirige el Ministerio Público y se le mirará doblemente con lupa. Su antecesor ha dejado el listón muy alto y debería ser para ella un espejo en el que mirarse. La independencia de la Justicia no puede ser una frase hueca sin más.
