MADRID, 2 (OTR/PRESS)
¡Dos mil personas imputadas! La estimación de Europa Press, que calculó que España entraba en 2015 con nada menos que dos mil personas imputadas por presunta corrupción y más de ciento cincuenta casos abiertos, ha conmocionado lógicamente al país entero, y ha sido una noticia que escaló en los titulares en esos días informativamente extraños correspondientes a las primeras horas del año que muere y a las primeras del que nace. Compitiendo con las informaciones que señalaban que la economía, según los vaticinios de los gurús de la cosa, tiende a mejorar, aunque sea en medio de un clima de cierto malestar social y de incertidumbre política, la enumeración de los «affaires» de corrupción, que aguardan su culminación judicial en este 2015, era como una llamada a la conciencia ciudadana: dos millares de imputados son muchos imputados, aunque algunos de ellos haya que convenir en que acaso lo hayan sido abusiva o hasta injustamente, y aunque ciertas voces, desde esferas oficiosas, justifiquen esta cifra tremenda alegando que hay cuarenta y cuatro millones de españoles libres de cualquier imputación. Pues faltaría más.
Hay nombres sonoros en la agenda judicial de 2015: desde La Pantoja hasta el «pequeño Nicolás», que deberá acudir nuevamente el día 9 a declarar ante el juez (no quiso hacerlo la primera vez que fue llamado, en diciembre), pasando por Rodrigo Rato y el «caso de los sobresueldos» de Caja Madrid. O, naturalmente, pasando por Jordi Pujol, y familia, que el próximo día 27 iniciarán su via crucis judicial, con ribetes políticos (¿tendrá Artur Mas que comparecer ante el Parlament para dar su testimonio sobre el pringoso «caso Pujol»? De Oriol Junqueras y de Esquerra depende que esta comparecencia se concrete o no; y puede que la moneda de cambio sea nada menos que un chantaje para que el president de la Generalitat adelante las elecciones. ¿No será eso también corrupción política «a la catalana»?).
Claro que el esclarecimiento de la corrupción en Cataluña, esa en la que el propio Pasqual Maragall habló del «tres por ciento», se extiende más allá de los confines de los Pujol. Ahí está, pendiente desde hace una década, el «caso Palau», tan comprometido para Convergencia Democrática. O tantos otros «affaires», como el Pretoria, en el que están involucrados los que fueron tan cercanos colaboradores del ex molt honorable, Maciá y Prenafeta.
La corrupción política en España apenas ha tenido fronteras: Madrid, donde aún se sustancia una parte del «caso Gürtel» y del «Bárcenas», además de la «operación Punica», que mantiene al ex secretario general del PP, Francisco Granados, en la cárcel, es otro vivero importante de irregularidades, y de potenciales sorpresas derivadas del fin de la instrucción, en lo que le dé tiempo hasta marzo, que lleva a cabo el juez Pablo Ruz. Baleares conocerá el «juicio estrella» del «caso Nóos, que sentará en el banquillo a la aún incomprensiblemente infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarín, para no citar los muchos casos que afectan al ex presidente Jaume Matas. Valencia tiene en su haber, como se sabe, infinidad de casos, que, por su diversidad, no concretaré aquí y que afectan a toda la clase política de los tiempos de Francisco Camps. En Andalucía aún no se ha dicho, ni mucho menos, la última palabra sobre el «caso Mercasevilla», ni sobre el de los ERE, que instruye con excesiva demora la juez Alaya y que podría derivar en una imputación de dos ex presidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, aunque este paso, solicitado por el fiscal, resulte hoy más que dudoso. Salpicaduras de corrupción han llegado también a Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha, León, Asturias (con el caso protagonizado por el ex dirigente de UGT José Angel Fernández Villa)*Una enumeración exhaustiva sería, ya digo, demasiado larga y desbordaría las pretensiones de esta crónica para entrar en las dimensiones de un grueso libro, que me consta, por cierto, que ya se está preparando.
Lógicamente, el paulatino estallido en los juzgados de tan turbios asuntos no dejará de tener sus consecuencias políticas en un año eminentemente electoral. Incluso el próximo viaje de Mariano Rajoy, que ha prometido luchar contra la corrupción -como los restantes dirigentes políticos españoles, por otra parte, aunque no todos suscriban las medidas propuestas por el Gobierno–, a Andorra, el próximo miércoles, está teñido de cuestiones no del todo aclaradas en la agenda de temas a tratar. Porque no puede olvidarse que al «paraíso» andorrano llegaron incluso furgonetas llenas de dinero en metálico y, naturalmente, negro, y no solo atribuibles a la acción de los Pujol Ferrusola. Se calcula, aunque no existan estimaciones oficiales definitivas, en más de veinte mil millones de euros el total del dinero sacado ilegalmente del país en los últimos siete años; y este es un cálculo, advierten quienes saben, excesivamente conservador…
La llamada «clase política» en general, y los dirigentes actuales del PP en particular alegan que los casos de corrupción en diversas fases de tramitación judicial corresponden, en su totalidad, a un pasado anterior al año 2011, aunque sus ramificaciones se extendiesen posteriormente. Y que no hay que olvidar que todos ellos están en manos de los juzgados, actúen estos con la velocidad a la que actúen, que no siempre es la deseable. Argumentan también que ha habido dimisiones de altos cargos, las más recientes la de la alcaldesa de Alicante y la del presidente de la Diputación de León, y que habrá una notable renovación de representantes autonómicos y locales con motivo de las elecciones del 24 de mayo, que se celebrarán bajo el unánime propósito de no tolerar más casos de corrupción política, caiga quien caiga. Argumentan también desde el PP que el Congreso aprobó hace un mes varias medidas legales para frenar la corrupción, aunque fuesen tildadas de insuficientes por la oposición.
Todo ello es, sin duda, cierto. Pero eso no invalida el estado casi de «shock» con el que la ciudadanía española entra en un 2015 en el que formaciones como Podemos seguirán fustigando –todo lo demagógicamente que se quiera, aunque lamentablemente con contenido real– cuanto ha ido ocurriendo no solamente en los últimos años, sino incluso en las décadas anteriores: porque hoy cabe recordar también los numerosos asuntos escandalosos que conmovieron a la opinión pública, desde el Filesa hasta el Banesto de Mario Conde, y tantos otros que ahora parecerían ya superados, incluyendo los fiascos de tantos promotores inmobiliarios súbitamente enriquecidos. Un pasado no para olvidar, sino, al contrario, para tenerlo muy presente, porque la Historia que se desconoce suele repetirse. Y eso es exactamente lo que se trata de evitar.
