Antonio Casado – Con permiso de los padres


MADRID, 20 (OTR/PRESS)

Al asunto le cuadra la parábola de la montaña que parió un ratón, aunque el Gobierno no puede culpar sino a sí mismo de haber creado la expectativa en base a un presunto compromiso electoral («Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida», decía el programa). En cualquier caso Moncloa se las ha arreglado para que finalmente la noticia sea que la regulación del aborto no cambia. Lo único que irá al BOE es el impedimiento del aborto en menores sin consentimiento paterno.
Tanto los votantes conservadores contrariados por frustrada reforma Gallardón como quienes en su día -todos los demás- aprobaron la vigente ley de plazos, entienden que lo relevante de la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario del PP es que el Gobierno de Mariano Rajoy ha terminado asumiendo la regulación socialista del aborto (ley de plazos, con aborto libre hasta las 14 semanas), aprobada en marzo de 2010 con apoyo de todos los grupos excepto el partido del Gobierno

El ratón que acaba de parir la montaña responde casi a una rareza estadística. Lo digo a la vista de los datos de la Asociación de Clínicas Acreditaras para la Interrupción del Embarazo, según los cuales solo un 0,4% de las menores que abortan lo hicieron sin el consentimiento materno-paterno. Con la nueva reforma se plantea un problema con las que, por vivir en entornos conflictivos, de desamparo, desarraigo, violencia intrafamiliar, seguirán eludiendo el permiso paterno y, por tanto, estarán abocadas a interrumpir su embarazo en malas condiciones.
Aún así, me parece exagerada la reacción de los socialistas que acusan al Moncloa de gobernar contra de las mujeres y califican la reforma de «vergonzosa» y «vergonzante» por el hecho de que el Gobierno haya derivado su responsabilidad hacia el grupo parlamentario (se trata de una proposición de ley) y el Tribunal Constitucional, que aún no ha fallado sobre el recurso presentado hace más de cuatro años por el PP.
Por un lado, es cierto que el número de menores que pueden verse abocadas al aborto clandestino es insignificante. Y por otro, no puede olvidarse que el impacto de la reforma que impide el aborto de la menor sin permiso paterno ha sido muy bien recibida por la opinión publica. Pero tampoco es mala noticia la pervivencia de la ley vigente, pues responde a un modelo normalizado en veinte países europeos, muchos gobernados por partidos de ideas similares a las del PP. Además se trata de una regulación que salió de las Cortes con un amplio consenso y que, desde su entrada en vigor, en marzo de 2010, ha cubierto sobradamente el objetivo de reducir el número de embarazos no deseados.
Digámoslo de otro modo: se ha decidido mantener la vigente ley de regulación voluntaria del embarazo en nombre de la sensatez, la racionalidad, el sentido común y la equiparación a países de nuestro entorno.

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