Antonio Casado – Pobre Venezuela


MADRID, 11 (OTR/PRESS)

El argumento favorito de corruptos y dictadores es declararse víctimas de una conjura. De lo primero hay en España ejemplos a patadas. Tenemos tan oído el argumento que no tardamos en reconocerlo en el caso de los dictadores, aunque sean ajenos. A falta de propios -por suerte el formato democrático lo impide-, nos fijamos en los que nos quedan más cerca.
Es el caso de Nicolás Maduro, justo cuando Venezuela ya ha devenido asunto de política nacional. No solo por las consabidas razones históricas, idiomáticas y culturales, que están ahí desde hace cinco siglos. También por actualización de la política venezolana en la opinión pública española mediante el partido de moda, Podemos, controlado por un grupo de jóvenes profesores universitarios de bien documentada y bien retribuida afinidad con el régimen chavista.
Esa actualización doméstica de la política venezolana ha sido agua de mayo para los dirigentes de la oposición al chavismo, perseguidos o encarcelados. O, por mejor decir, para sus esposas, que viajan a España en busca de arropamiento y solidaridad con el argumento referencial del partido de Pablo Manuel Iglesias. Es decir, como advertencia de que nos puede pasar lo mismo si alimentamos a los amigos del régimen bolivariano.
Por el mismo precio, los políticos españoles que recelan de Podemos potencian el seguimiento de la política venezolana con la indisimulada intención de frenar el avance de la izquierda mochilera. El resultado, como queda dicho, es que lo que ocurre o deja de ocurrir en aquel país se ha convertido en un asunto de política interior en España, donde tememos muy seriamente por las inversiones de nuestras grandes multinacionales (Repsol, Mapfre, Telefónica, Iberia, BBVA…) y donde hemos aprendido a recitar los males de la Venezuela chavista: pobreza, inseguridad, desabastecimiento, inflación y comportamiento dictatorial del presidente, Nicolás Maduro.
Lo último es el recurso de Maduro a la llamada Ley Habilitante, que le autoriza a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias reclamadas por el Ejecutivo. En este caso, se trata nada menos que de hacer frente a lo que Maduro califica de conspiración norteamericana, que acaba declarar a Venezuela «enemigo para la seguridad de los EE.UU», con la complicidad del Gobierno Rajoy y del colombiano Santos.
En otras palabras, que Maduro busca licencia para hacer de su capa un sayo. Sin la susodicha Ley ya ha metido en la cárcel a dos líderes de la oposición, López y Ledezma (alcalde de Caracas el segundo), por apoyar un cambio político. Con ella desparecerían los escasos límites legales que respetaba Maduro. Y está claro que piensa utilizarla después de que EE.UU haya prohibido la entrada en su país a siete dirigentes chavistas, cuyas cuentas han sido asimismo bloqueadas.
Pobre Venezuela. Que Dios pille confesada a su ya castigadísima ciudadanía.

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