MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Las elecciones de este domingo son el pistoletazo de salida de un año plagado de citas en las urnas y con resultados inciertos para la gobernabilidad, no solo de comunidades y ayuntamientos, sino del propio Estado. Todos los expertos en análisis electoral vaticinan un cambio sustancial en el mapa político español, en el que las mayorías absolutas, e incluso el bipartidismo, están llamadas a desaparecer.
La terrible crisis económica, que ha quebrado las expectativas de los ciudadanos de este país, sumiendo a la clase media en un nivel de necesidad desconocido, va a ser un revulsivo no previsto por los dos partidos con posibilidades de alternancia en el poder.
Peligra la hegemonía socialista en Andalucía, en la medida en que resulta impensable, o cuando menos muy difícil, una repetición del pacto de Gobierno con IU. Por eso, todos los ojos están puestos en los otros posibles pactos que permitan la gobernabilidad del partido más votado; dando por hecho que, en cualquier caso, siempre necesitará de acuerdos puntuales.
Estos últimos días de campaña hemos asistido a una ristra de declaraciones contundentes, de todos los partidos en liza, asegurando con rotundidad que no pactarán. Incluso arremetiendo contra él hoy contrincante político, tratando de rascar votos de indecisos. Pero estas manifestaciones grandilocuentes se hacen siempre con la boca pequeña, porque el giro del electorado va a obligar a las negociaciones post electorales. Cosa que ocurre en casi todas las democracias del continente, y asumen sin el más mínimo desdoro.
Tanto PP como PSOE, asustados por el crecimiento que las encuestas vaticinan a Ciudadanos y a Podemos, se obstinan en vilipendiarlos, acusándoles de ser satélites de sus respectivos adversarios. Y, así, menosprecian la capacidad que una savia nueva en la gestión política pueda suponer para la prevención de corruptelas y corrupciones. Porque, el apoyo en las labores de gobierno implica también la fiscalización.
Una ciudadanía desencantada, indignada con la tradicional clase política y con el grado nauseabundo de corrupción que nos invade, exige mayores controles del dinero público, de los contratos de la administración y de la financiación de los partidos. Se ha acabado la bula.
Los inevitables pactos en la Junta de Andalucía van a dar la medida de lo que ocurrirá de aquí a dos meses en las municipales y del gran cambio que se avecina en el Congreso de los Diputados. Los pactos no son deshonrosos, no marcan a las formaciones que los practican y pueden permitir una gestión más abierta de los gobernantes. Al no ostentar el poder omnímodo, del que se ha gozado en muchas etapas de la joven democracia española, será más difícil la «okupación» de las instituciones del Estado en beneficio del partido del poder.
Solo con que se consiguiera mayor transparencia en la gestión, mayor respeto a la independencia judicial, vigilancia por terceros independientes de los gastos públicos y paliar el nepotismo en los nombramientos de altos cargos, entraría en la vida pública una bocanada de aire fresco.
Otra de las incógnitas que se van a despejar hoy, y que afecta también a los dos grandes partidos, es si, por primera vez, la corrupción se paga en las urnas.
