MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Si cada español tiene en una parte de su alma un policía municipal, la otra parte sin duda ha de estar ocupada por un juzgador. Que no es lo mismo que un juez. Ni mucho menos: son especies distintas y distantes. Un juzgador es alguien que condena antes de que se celebre el juicio, alguien al que la palabra «imputado» le sugiere culpabilidades sin más matizaciones, alguien con permanentes exigencias de responsabilidades dirigidas a todos los demás, alguien que acumula peticiones de dimisiones inmediatas, alguien a quien jamás se le cae de la boca que él es un luchador implacable contra la corrupción… Un juzgador es uno de esos que se consideran libres de pecado y perfectamente capacitados, por tanto, para tirar la primera y la segunda piedra contra el pecador de turno. Y sus víctimas son muchas: ¡ay del caído! Estoy pensando, sí, entre otros, en Griñán. Y en Chaves. Y en López Aguilar. Y en alguno que me sé de la «operación Púnica». Y en Angel Acebes, y…
Me explico: nada tengo entre mis motivos personales para defender a ninguno de los citados. Ni son amigos, ni me deben ni les debo nada. Excepto el respeto debido a la presunción de inocencia, claro. No creo, por ejemplo, que haya mucha gente que pueda afirmar que los dos ex presidentes andaluces se hayan lucrado personalmente de toda esa corrupción generalizada que, no solamente en un bando, ha asolado la Andalucía de los poderes absolutos que gobernaron durante demasiado tiempo. Tampoco estoy seguro, yendo al caso López-Aguilar, de que desde las tribunas radiofónicas o políticas se pueda demostrar así, sin más, que alguien es un maltratador, especialmente cuando desde los ámbitos de la propia presuntamente maltratada se niega que haya existido violencia de género. O recuerde usted aquella imputación, luego levantada, dirigida contra Angel Acebes como consecuencia de cosas que ocurrieron en sus tiempos de secretario general del PP. O tantas, tantas otras penas infamantes, de telediario, que desde los medios, pero muchas más veces desde los cenáculos y mentideros políticos, se han impuesto a tantos.
Y no creo que la lucha contra la corrupción pase necesariamente por estos linchamientos para los que aún no existe una causa precisa. Es más: el tiro en la nuca indiscriminado puede ser un importante lastre en esta lucha contra los verdaderamente corruptos. Hay responsabilidades políticas que no son penales. Y hay responsabilidades penales que no son políticas. Y hay apariencias que no son certezas. Y hay «vendettas» disfrazadas de afán justiciero.
Recuerdo que un político sensato, como Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y candidato «in pectore» a quién sabe qué más en el futuro, se atrevió a decir un día que una imputación no tenía necesariamente por qué significar el cese inmediato de un político en activo. Dos mil quinientos imputados por «causas políticas», o político-económicas, hay ahora en España, aseguran quienes se han ocupado en hacer el cómputo. No me atrevería a lapidar a ninguno, así, sin más: naturalmente que sí me atrevo, en cambio, a afirmar que hay jueces -esos quizá también, a veces, juzgadores- que se lanzan a repartir imputaciones como si fuesen anatemas malditos.
Y claro, como todo, o casi, es gratis, la basura se esparce a placer, y no hay límites para el exceso. Así, ¿por qué no iba alguien como el ex socio de Urdangarín, el cada día más lamentable Diego Torres, a atreverse a pedir que en el juicio del «caso Noos» comparezcan los reyes y media corte celestial? El caso es contribuir al espectáculo; pasen, vean y lapiden un poco.
