MADRID, 30 (OTR/PRESS)
Sin duda alguna, lo que más daño está haciendo a nuestra democracia es la corrupción, extendida en todos los ámbitos políticos y a lo largo de toda la geografía y de la que todos son sospechosos. Es cierto que hubo una época nuclear de esta corrupción hace algunos años, que hoy está pendiente de sentencia en los tribunales, y que tuvo su base no sólo en la degeneración de algunos de los elegidos sino, sobre todo, en la inmunidad y la impunidad con las que han vivido los políticos durante muchos años y en la falta de transparencia de la vida pública. Eran tantos los privilegios de esos pocos y tan grande el desinterés de los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales por renunciar al mínimo de ellos que el resultado final no podía ser otro que el inmenso cabreo y la enorme desafección de la ciudadanía.
Pero no estoy seguro de que hayan aprendido la lección ni que después de descubrirse las grandes tramas de la corrupción y puestos algunos de sus responsables a disposición de los jueces, hayan cambiado los políticos sus hábitos y sus principios. El registro de la sede de Convergencia y el previsible hallazgo de pruebas de financiación ilegal -¿hay alguien que no lo sabía desde hace décadas, no eran suficientes las denuncias del 3% ni los datos desde Pujol para abajo?- es el broche a una etapa de corrupción que ha durado demasiado y que todos en Cataluña han tratado de tapar buscando enemigos exteriores que nunca lo fueron.
El relevo en las autonomías está haciendo que los recién llegados denuncien que las cuentas no se corresponden con lo declarado y que hay grandes deudas impagadas y, posiblemente impagables. No es difícil demostrar la verdad y si tienen razón los nuevos, el asunto es muy grave y debería acabar en los tribunales. Si no es así, ¿a quién hemos entregado el poder en nuestras ciudades y en las autonomías? Que, además, en una ciudad como Cádiz se proponga que un jurado de ciudadanos elegidos por sorteo aprueben o no el abono de 275 millones de euros que el ayuntamiento debe es un insulto a la seguridad jurídica y a la democracia. Si el consistorio entiende que alguien cometió un delito debe llevarlo a los tribunales, pero lo que proponen es una perversión de la democracia.
Juego sucio es el de los políticos que han amparado y amparan la corrupción, el de los que engañan a los ciudadanos proponiéndoles caminos que conducen al suicidio político, el de los que falsean cuentas, el de los que no exigen transparencia a sus socios o, lo que es peor, les siguen apoyando sin que hayan demostrado su limpieza. Decía Ortega que «vivimos rodeados de personas que no se estiman a sí mismas y casi siempre con razón». Eso debía ser antes. Ahora vivimos rodeados de personas que están encantadas de haberse conocido y que creen que pueden hacer cualquier cosa, delitos incluidos, sin ninguna responsabilidad ante los ciudadanos ni ante su propia conciencia. Somos los ciudadanos los que no deberíamos estimar a estas personas.
