Parece que, de repente, los ciudadanos hemos caído en la cuenta de que el sistema es una especie de monstruo incontrolable que nos estrangula. Aunque el mal es global y afecta a naciones pobres y ricas, ciñéndonos a España, el sentido común de la mayoría aboga por una justicia independiente, en la que los políticos de turno no puedan poner el dedo ni para elegir jueces y magistrados, ni para decidir quién tiene que instruir tal o cual caso, o archivar tal o cual otro. Esto no les interesa a los partidos del bipartidismo, instalados en la alternancia. Las autonomías se han convertido más que en solución de nada, en un gravísimo problema. Lo vemos a diario, sobre todo, con la sanidad. Moverse por España es ahora mucho más difícil que hace veinte años, e ir al médico de cabecera es casi una carrera de obstáculos. No hay estado capaz de soportar económicamente un gobierno central y diecisiete gobiernos satélite, independientes e incompatibles entre sí, que causan en el ciudadano más perjuicio que beneficio, por la burocracia y por el saqueo en forma de impuestos. El sistema de autonomías empequeñece la mente de los ciudadanos al reducir el punto de mira a su propio ombligo. Y si la autonomía tiene lengua propia, es ya el acabose. Entonces la taifa gobernante se arroga una especie de derecho de pernada para hacer que sus ciudadanos hablen en el idioma que decidan los caciquillos de turno. Esto conlleva el mantenimiento de cadenas de televisión públicas para propaganda y lucimiento de políticos, so pretexto de mantener viva la lengua y la cultura ancestrales. Aparte de los mitos de singularidad, hay que añadir los estatutos de cada territorio aspirante a nación, las deudas históricas, los conciertos y los fueros, heredados del pasado, incompatibles con las modernas democracias de la aldea global.
Además de una administración menos elefantiásica, con menos órganos consultivos, consejos de Estado, defensores del pueblo, oficinas meteorológicas, diputaciones y demás chiringuitos para colocar a los políticos que no caben en las listas europeas –qué vergüenza— y a sus familiares y amigos, hacen falta políticos 1) honrados, 2) capaces, y 3) trabajadores, dispuestos a defender el bien común. Un Estado sano tiene que prescindir de políticos psicópatas, un mal que afecta a muchos de nuestros representantes actuales, de todos los colores.
Con estas premisas se podrían construir los cimientos para un mundo más justo. Pero hay que trabajar la empatía social. La sociedad del bienestar se ha ido encanallando, se ha hecho más relativista, y corre el riesgo de animalizarse por completo. Es urgente recuperar el respeto a la vida de los no nacidos. El aborto tiene que estar incluido en el Código Penal, como delito pero, al mismo tiempo, hay que concienciar a los que han perdido el discernimiento.
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Por Magdalena del Amo
Periodista y escritora, pertenece al Foro de Comunicadores Católicos.
Directora y presentadora de La Bitácora, de Popular TV
Directora de Ourense siglo XXI
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