MADRID, 7 (OTR/PRESS)
Se entiende la incomodidad de quienes rechazan el tratamiento cuantitativo de la crisis de los refugiados. Precisamente en España, donde el Gobierno no pierde ocasión de referirse a las cuotas exigidas o recomendadas por la Unión Europea por aquello de repartirse la tarea del acogimiento.
Por otra parte, me parece absurda la postura de Moncloa en lo tocante a fijar de antemano el número de refugiados que España estaría dispuesta a asumir sin conocer sus distintas preferencias.
¿Qué sentido tiene que España acabe asumiendo la cuota de 15.000 refugiados si el número de quienes prefieren este destino es muy inferior? Y, por las mismas ¿qué credibilidad tendría la proclamada solidaridad de nuestro país, o cualquier otro, si el número de refugiados que está dispuesto a acoger es inferior al de quienes lo prefieren como destino?
Por tanto, no empecemos la casa por el tejado. O sea, el relato. Seamos lógicos. Lo primero debería ser conocer las preferencias de las familias que buscan refugio en Europa. Y luego acometer el operativo de la distribución en nombre de los principios de solidaridad que, con Alemania a la cabeza, no se cansan de proclamar los principales mandatarios de la Unión Europea. No solo en nombre de esos valores que constituyen la peana virtuosa de esta parte del mundo civilizado. También a la luz de racionales criterios logísticos que hagan eficaz la distribución. En el caso español, por ejemplo, con una eficiente colaboración entre las tres Administraciones -central, autonómica y local-, tal y como ha puesto de manifiesto el ministro Montoro.
Entretanto, ha echado a andar la comisión interministerial creada al efecto, bajo la coordinación de la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría. Están presentes en la misma, entre otros, los titulares de Interior y Defensa. Lo cual quiere decir que no se descuida el problema de la seguridad. Pero también participan los de Sanidad, Empleo y Educación. Lo que significa que, al menos en teoría, la acogida no se queda en el respeto al asilo. Los objetivos son de integración. Y así debe ser, si de verdad España se cree lo que proclama.
No son incompatibles seguridad y solidaridad. Pero el énfasis debe ponerse en la solidaridad frente a quienes, aquí en España, se pasan el día denunciando el riesgo de que los refugiados estén siendo utilizados por el yihadismo como un caballo de Troya para la desestabilización de Occidente. Incluso por razones de conveniencia
-el tema ya ha entrado en la campaña electoral- el Gobierno no debería dar la impresión de que está frenando el generoso impulso de los españoles.
Así que el problema no es de números sino de principios, en un área de convivencia que se reclama tributaria de la Declaración de los Derechos Humanos. El problema es de coherencia con el sistema de valores consagrado en esta parte del mundo después de la segunda guerra mundial.
