Francisco Muro de Iscar – Para ponerse a temblar.


MADRID, 8 (OTR/PRESS)

Ya empiezan a conocerse algunos aspectos de los programas de los partidos para las próximas elecciones. A partir de aquí, las propuestas vendrán como un tsunami, sin miedo a arrasar con todo, independientemente de que los pactos que den lugar a un nuevo Gobierno, permitan cumplirlas o queden en el olvido. De momento, Ciudadanos, que quiere ser visto por los electores como el centro-centro y que tiene un lenguaje fresco y limpio –tal vez porque nunca ha gobernado en ninguna parte– ha presentado en Cádiz su programa para cambiar la Justicia.
Incluye, como grandes novedades, la desaparición del Consejo General del Poder Judicial, cuyos poderes pasarán a un presidente del Tribunal Supremo, apoyado por dos adjuntos, elegidos los tres por el Congreso de los Diputados, lo que contribuirá a confundir aún más la función jurisdiccional del TS con la gestión de la Justicia, que lleva ahora el CGPJ, aunque éste se ha investido de «poder judicial» desde su propio denominación y se ha convertido en lugar de maquinación de los intereses de los partidos.
Y en lugar de buscar un «Poder» Judicial realmente independiente del Ejecutivo y del Legislativo, vuelve a someterlo al arbitrio de los partidos. La elección del fiscal general seguiría en manos del Gobierno, pero elegido de entre una terna propuesta por el Congreso. Más politización sobre la indeseable politización actual de la Justicia y sin entrar en el fondo del problema: la Justicia no funciona.
Con lo fácil que sería decir que «sobre unas ideas de renovación, despolitización regeneración y modernización», el programa queda pendiente de ser debatido con los que saben y sufren cada día el lamentable estado de la Justicia: jueces, abogados, fiscales, secretarios judiciales… los sufridos actores de la Justicia. O haberlo hecho ya.
Por su parte el PSOE ha anunciado que anulará «todas las reformas de la Justicia del PP». Loable en algunos casos, preocupante en otros muchos. ¿Saben ustedes cuántas leyes se han aprobado en esta Legislatura? ¡Casi 250!, 41 de carácter orgánico, 128 ordinarias y 78 decretos-ley, esta última una fórmula de perversión de la actividad legislativa que Ciudadanos ha anunciado que, si gobierna, no se utilizara más, lo que hay que aplaudir.
Cambiar 250 leyes, por más que muchas reformas sean necesarias y anunciar que se van a derogar –y sustituir por otras nuevas, claro– implica antes y después una inseguridad jurídica que no sólo afecta a los ciudadanos, que no sabemos a qué atenernos, o a los profesionales de la Justicia que no saben qué ley se aplica, sino a las inversiones en nuestro país que buscan y necesitan estabilidad y no cambios permanentes.
Los programas se siguen haciendo sin escuchar a los que lo van a sufrir, los ciudadanos, ni tampoco a los que saben, como debería hacer cualquier partido serio y responsable. Sin diálogo, sin un análisis serio. Y lo malo es que, luego, muchas de esas promesas irresponsables, se llevan a la práctica. O se cambian, solamente porque las hizo el anterior.
Menos mal que Podemos ha «aclarado» el futuro designando a quien, en el improbable supuesto de que gobiernen algún día, va a ser su ministro de Defensa, asunto ese que es la primera preocupación de los españoles en estos momentos y, sin duda, aquello que estaban esperando, implorantes, los votantes de Podemos.

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