MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Los parlamentarios catalanes secesionistas, han cruzado el Rubicón. Al aprobar la resolución de «desconexión» con el Estado (léase, España) han atravesado la línea roja que separa la legalidad del delito. En este caso de sedición por desacato al ordenamiento establecido en la Constitución.
Así las cosas ¿cómo debería reaccionar el Gobierno que preside Mariano Rajoy? Con las ideas claras y sin dilación. Ideas claras para abandonar el estado de laxitud institucional en el que llevaba algún tiempo instalado y diligencia para trasladar el caso al Tribunal Constitucional. En una y otra instancia el tiempo y la urgencia del momento debe modificar la tendencia a dejar que las cosas se resuelvan por si solas o por la contumacia de sus instigadores. En el capítulo de las previsiones legales el Tribunal Constitucional lo tiene fácil. Trillado, incluso.
Con admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno para que quede sin efecto la «moción de desconexión» -eufemismo que ampara el primer paso dado hacia la insurrección institucional de una parte de los diputados del «Parlament»- dicha moción quedará suspendida. Tiempo después, el TC debería evacuar sentencia. Una y otra -la suspensión y la sentencia- son de obligado cumplimiento. Ante un eventual acto de desobediencia por parte de los diputados secesionistas ,el Tribunal Constitucional podrá instar a la presidenta del «Parlament» (Carme Fordadell) para que atienda el requerimiento ateniéndose a las consecuencias (procesales) de un eventual desacato a su autoridad.
A todo esto, en un rincón de escenario, tras dos semanas guarecido tras el silencio, aparece un Artur Mas amargado por el humillante papel secundario al que le tienen sometido los compañeros de viaje de la CUP, fuerza anti sistema y enemiga de cuanto representa la burguesía que apoya a CDC, el partido de Mas. Rol patético donde los haya el suyo. Pero no da pena. Es un enfermo de poder que juega con ventaja.
Pase lo que pase y salvo que al modo como sucedió con Jordi Pujol sea despojado de su privilegios -en el caso de Mas por deslealtad- pese los trienios que lleva intrigando contra España desde la poltrona de la «Generalitat», cobrará su pensión de ex «president.» Lo cual no deja de tener guasa en un contexto en el que en Cataluña hay más de medio millón de ciudadanos en paro y entre ellos, ciento treinta mil que no cobran ayuda alguna del Estado.
