MADRID, 11 (OTR/PRESS)
Tras la inopinada retirada de Artur Mas, la política catalana ha dado un vuelco, cambiando de paso, el escenario político del Estado. La reanudación de la agenda que impulsan los independentista («Junts pel Si» y ahora la CUP) con la elección de Carles Puigdemunt como presidente de la «Generalitat» anuncia un choque institucional de consecuencias imprevisibles. Aplicar la Resolución de «desconexión» con España aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado día 9 de Noviembre supone incurrir en varios supuestos de ilegalidad visto que fue anulada por sentencia del Tribunal Constitucional. Cualquier paso -disposición firmada o norma dictada en pos de la anunciada meta separatista- obligaría a los tribunales y al Gobierno (en funciones, pero asistido de plena legitimidad) a intervenir. Todo está abierto. Desde la interposición de recursos, a la aplicación del Artículo 155 de la Constitución que dispone que el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimento forzoso de las obligaciones derivadas de las leyes. Culminados los trámites de acreditación de los diputados y senadores urge la aceleración de los contactos para allegar apoyos encaminados a la investidura del futuro Presidente del Gobierno. El Rey deberá encargar a Mariano Rajoy esa tarea, por ser el PP la fuerza más votada. En caso de no conseguir apoyos suficientes, el testigo debería recalar en Pedro Sánchez, líder del PSOE. El avivado órdago separatista debería cambiar las prioridades que impulsan los posibles pactos entre partidos para conseguir la investidura del futuro inquilino de La Moncloa. Mariano Rajoy había ofrecido un pacto al PSOE y a Ciudadanos antes de conocerse la nueva situación creada en Cataluña. Pacto rechazado por Pedro Sánchez quien, a su vez, tiene intención de buscar apoyos para su propia investidura. Ambos escenarios han quedado superados por el acto de rebeldía de los separatistas catalanes tras anunciar el nuevo presidente de la «Generalitat», que quiere impulsar leyes encaminadas a sustituir la legalidad que emana de la Constitución. Es un acto de sedición política que al ignorar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, obliga a intervenir al Gobierno para restablecer el imperio de la ley. Ante semejante estado de cosas, parece llegada la hora de la responsabilidad tanto para el PP como para el PSOE. Si para conseguir un acuerdo entre los dos principales partidos Rajoy o Sánchez, o ambos, deben dar un paso atrás. Que no lo duden. Lo que está en juego es mucho más que los intereses partidistas de populares y socialistas. Es la hora de España.
