Francisco Muro de Iscar – Desprecio por la cultura.


MADRID, 17 (OTR/PRESS)

Los Gobiernos, de todos los signos, el último especialmente, han mostrado su escaso aprecio por la cultura. La subida del IVA cultural –que ha influido menos de lo previsto en el cine y en el teatro, pero que es un castigo al sector en medio de la crisis– fue un error y alguien debería dar las cifras exactas de lo que ha supuesto de ingresos para las arcas del Estado.
El coste político de esa subida y, sobre todo, el de no haber rectificado la medida antes de las elecciones, ha sido inmenso. La cultura no debería ser nunca de izquierdas ni de derechas, tampoco sectaria, sino de todos y para todos. Y no gratis total, pero sí accesible para todos.
Pero si lo del IVA es un error no rectificado, una de las últimas decisiones del último y nefasto Gobierno de Zapatero, cuando éste ya había anunciado su retirada, fue una reforma de las pensiones, que castigaba a los escritores, escultores, cantantes o autores de todo tipo que optaran por la jubilación.
La norma, que empezó a aplicarse en 2012, impuso que la pensión de jubilación fuera incompatible con ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, es decir, unos 9.000 euros al año. Eso significa que un músico de 65, que después de cotizar 40 o 50 años, ejerce su derecho a cobrar una pensión, no puede escribir o estrenar una ópera, hacer un disco, dar conciertos, conferencias, cursos o lo que sea, que le supongan ingresos de 9.000 euros.
Si lo hace, debe renunciar a su pensión o la Seguridad Social le restará esa cantidad de su pensión y le podrá sancionar con una multa de hasta cuatro años de pensión. Cornudos y apaleados. Más aún, tampoco podrá cobrar derechos de autor si superan esa cifra por obras que hizo hace cinco, diez o veinte años. O será sancionado si lo hace. Y lo mismo sucede con los escritores, los humoristas, los escultores y, supongo que con los investigadores, a los que el Ministerio de Trabajo y la Seguridad social castiga doblemente.
Les castiga a ellos y a todos nosotros, que nos perderemos algo que no tiene precio: la creatividad, la innovación, la cultura.
Y todo eso es doblemente injusto, porque si en lugar de ser el autor el que cobra los derechos por sus obras son sus herederos –aunque también estén jubilados– no pasa nada. Si cualquiera de estos autores invirtió sus beneficios en comprar un par de pisos que hoy tiene alquilados, y recibe por ellos unos ingresos de veinte o treinta mil euros al año, no hay problema. Pero si son los derechos de autor de sus obras, entonces se les castiga.
El Premio Cervantes, Reina Sofía o Nacional de Poesía, Antonio Gamoneda, ya ha dicho que deja de escribir. En la misma condición de «investigados» o ya sancionados están otros como Eduardo Mendoza, Caballero Bonald o Jorge Reverte. Y, seguramente, muchos más. Ninguno de ellos ha dejado de pagar el IRPF o los impuestos correspondientes que permiten que se puedan hacer carreteras, hospitales o colegios para todos. Si dejan de escribir o de crear no sólo recaudaremos menos sino que perderemos cultura y confirmaremos el desprecio de nuestros gobiernos por algo tan esencial como es la creación intelectual. Cobrar una pensión y desarrollar un trabajo intelectual es compatible en cualquier país europeo. En España, se persigue. Así nos va.

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