MADRID, 16 (OTR/PRESS)
La semana pasada se pareció más a una semana de pasión que a una cualquiera del mes de abril. Mario Conde volvía a la cárcel; los dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias eran detenidos por varios delitos; un ministro en funciones, José Manuel Soria, renunciaba a la política y a todos sus cargos en el gobierno y su partido, y el viernes se celebraba un consejo de ministros lleno de noticias y una reunión de Cristóbal Montoro con los responsables de Economía y Hacienda de las Comunidades Autónomas para hablar de déficit público, de estabilidad en las cuentas y de la regla de gasto. Primero en el consejo, el ministro de Hacienda anunciaba que dejarían de gastarse en los distintos ministerios 2.000 millones. Después por la tarde, Montoro les trasladaba a las CCAA la necesidad de ajustarse, de no gastar más de lo que habían presupuestado como dice claramente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el sentido común, teniendo en cuenta que en 2015, el déficit público no había cumplido el objetivo fijado por Bruselas.
Sin embargo, en la misma reunión del consejo de ministros y a la que acudió la ministra de Empleo, se tomaron una serie de acuerdos en los asuntos que de verdad importan a los ciudadanos o a mi me lo parece. De hecho, apenas unos días antes, el Congreso había aprobado la necesidad de poner en marcha una ley de emergencia para apoyar a las familias españolas con dificultades. Me extraña la escasa repercusión que las medidas propuestas por Fátima Báñez tuvieron en los medios de comunicación. El Gobierno no sólo aprobó la prórroga del «Plan Prepara» sino también el Programa de Activación de Empleo. Entre ambos y hasta la fecha han dado cobertura a más de 700.000 personas. Además, se reformuló la regla por la cual se mantendría el Plan Prepara. Hasta ahora se había dicho por el gobierno que dejaría de darse esta prestación si el paro se quedaba por debajo del 20 por ciento de la población activa. Pues bien, a partir de ahora seguirá activo mientras el paro no baje del 18 por ciento de la población activa.
Hay que señalar y se dice pocas veces, casi 14 millones de ciudadanos reciben algún tipo de prestación. De las que tienen que ver con el desempleo casi 2,5 millones de personas; contributivas, casi 9,4 millones; no contributivas, 650.000; pasivas, 620.000; otras prestaciones de la Seguridad Social, 300.000 y dependencia, 801.000. Convendría tener estos números muy presentes a la hora de valorar el esfuerzo de asistencia que entre todos hemos montado para que nadie se quede en la cuneta, a pesar de que aún muchas personas están en paro y hay que seguir en el camino de lograr que se reduzca la altísima tasa de paro.
