MADRID, 30 (OTR/PRESS)
El domingo volvieron los disturbios al barrio de Gràcia, donde los «okupas» desalojados del famoso «Banc Expropiat» (una antigua sucursal bancaria) han decidido declararse insumisos ante el orden y la ley. Eso no va con ellos. Y la resignación, mucho menos. Bueno, es una forma de pasar por la vida que a lo largo de nuestra zurrada historia -la propia y la ajena-, ha ocasionado grandes traumas sociales de donde se salió en unos casos para mal y en otros para bien. Vaya usted a saber.
Por ahora toca atenerse a las reglas del juego escritas para todos, los que a esos efectos van de diferentes y los que no. Empezando por el nada improvisado cerco al inmueble pese al dispositivo policial dispuesto para impedirlo. Esta vez los manifestantes, contrarios al reciente desalojo policial del inmueble, han llegado pertrechados de cascos y lanzando piedras, agua, latas y harina a los mossos d*esquadra.
Los manifestantes no están dispuestos a bajar la guardia, Dicen que lo volverán a intentar. Aún así, esperando acontecimientos, parece que la tensión ha bajado considerablemente respecto a los enfrentamientos de la semana pasada. Se supone que, siendo cuña de la misma madera, la alcaldesa Colau y los concejales de la CUP habrán utilizado su poder de mediación entre los policías obligados a hacer cumplir la ley y los activistas cuyo proyecto dinamizador de la cultura urbana (teóricamente defendible) pasa por su flagrante incumplimiento.
El incumplimiento de la legalidad marca tendencia en Cataluña. Solo falta reparar en las dinámicas desencadenadas por el ensueño separatista, cuyo alimento básico consiste precisamente en ignorar la legalidad. O mejor, atropellarla. Quizás todo eso tenga que ver con ese mantra que siempre marca diferencias con lo que ocurre en el resto de España.
Eso es verdad. Al menos si lo aplicamos a los efectos debidos a los sucesos del barrio de Gràcia, que nos han roto todos los esquemas, incluidos los que anteriormente nos prevenían frente a la especificidad del espacio político catalán. De nada nos han servido esta vez los supuestos para procesar los efectos políticos del caso con una cierta lógica.
Hemos visto a un alcalde burgués (Xavier Trias) que sostenía con dinero público las actividades de los okupas mientras que una alcaldesa amiga de manteros y desahuciados (Ada Colau) dejaba de pagar las facturas (es el origen del conflicto). Y hemos visto a un partido antisistema (CUP) que repartía a sus diputados y concejales entre la moqueta y las barricadas. Hace unos días la alcaldesa pedía prudencia a los policías y no a los violentos (anarquistas pero perfectamente organizados en la guerrilla urbana).
Y sólo nos faltaba ver cómo la derecha españolista de toda la vida (PP) y los separatistas de ERC votaban juntos para que Colau se cesara a sí misma como responsable de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona.
