Victoria Lafora – Los reveses de la fragilidad


MADRID, 30 (OTR/PRESS)

Demasiado han tardado los partidos independentistas catalanes en sacar partido al desgobierno nacional con una medida contundente en su órdago al Estado. Solo las dificultades de su pacto con los antisistema de la CUP explican este acelerón final a los proyectos de ley con los que pretenden consumar su ruptura.
Mientras Rajoy deshoja la margarita y deja en el aire una nueva espantada en la investidura, como forma de presionar a Ciudadanos y PSOE para que le regalen sus votos a cambio de nada, «Junts del Si» rompe la baraja y cierra cualquier posibilidad de un Gobierno en Madrid de izquierdas. El nuevo desafío constitucional hace imposible que Pedro Sánchez pudiera llegar a la Moncloa con el apoyo de Convergencia o Esquerra.
Pese a la fragilidad institucional de tener un ejecutivo en funciones a este no le ha quedado otro remedio que el de instar al Tribunal Constitucional a hacer cumplir sus propias sentencias. Otra cosa es que el alto tribunal considere que la vía propuesta por la abogacía del Estado de abrir una causa penal contra Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, sea la idónea.
Según expertos constitucionalistas, a Forcadell, una vez presentada la iniciativa, le quedaban muy pocas salidas. Una de ellas habría sido la de suspender el pleno en el que se iban a debatir las medidas para la desconexión del Estado. Pero esta decisión no se puede mantener por tiempo indefinido. Otra cosa es el «entusiasmo» con el que la presidenta de la cámara catalana apoya cualquier iniciativa que suponga la ruptura.
Si se abre la vía penal contra ella, tal vez, debería hacerse extensiva a los promotores de las leyes del desacato: a la coalición de Gobierno, con Puigdemont a la cabeza y a la CUP. En cualquier caso, y dada la lentitud de la administración de la justicia, la demora en los sumarios y la instrucción, sería conveniente encontrar otro mecanismo sancionador que permitiera restablecer en Cataluña el Estado de Derecho y el respeto al marco constitucional vigente.
Obviamente, el llamado «problema catalán» no se resuelve a base de sentencias del Constitucional. Es necesario encontrar una vía de dialogo político que permita la convivencia. Pero Rajoy ha logrado en sus cuatro años de mayoría absoluta dinamitar todos los puentes y va a ser un esfuerzo titánico su recuperación.
Si el presidente en funciones creyó que el voto vergonzante y oculto de los diputados de Convergencia, que permitió a Ana Pastor llegar a la presidencia del Congreso, significaba una vuelta al redil del grupo catalán, ya ha salido de su error. Han bastado unos días para que le demuestren que, en lo fundamental, no hay acuerdo posible.
Queda la duda de si Ana Pastor puede ser nombrada tercera autoridad del Estado con los votos de unos diputados que no respetan ese Estado y pretenden imponer una declaración unilateral de independencia.

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