Victoria Lafora – Uno de los nuestros


MADRID, (OTR/PRESS)

Como personajes de una película de Martin Escorsese, el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, junto a un grupo de policías y periodistas afines, ha emprendido una cruzada para amedrentar a quienes tratan de procesarle en una de las piezas separadas del caso Nicolás.
No es la primera vez que este comisario se ve envuelto en turbios tejemanejes; recordemos, por ejemplo, su relación con la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Alvarez Martín, o el más que oscuro asunto de la dermatóloga Elisa Pinto, que acusó a Villarejo de amenazas y agresión, incluso de apuñalarla ante su hijo, para que cejase en sus denuncias de acoso sexual a quien, supuestamente, le contrató, Javier López Madrid, yerno del empresario Villar Mir. Asunto este que quedó archivado por un juzgado de Madrid pero que está pendiente del recurso ante la Audiencia Provincial. Y es que Villarejo, hasta ahora, ha sabido esquivar hábilmente las diversas denuncias que han aflorado contra sus supuestas turbias andanzas por las alcantarillas del Estado y sus propias alcantarillas, pero hoy se enfrenta a la firmeza del magistrado Arturo Zamarriego, nada dispuesto a dejarse intimidar por las presiones que parecen acosarle desde altas instancias.
La lectura del artículo de Javier Ayuso, publicada el viernes pasado por El País, no solo produce un profundo bochorno, sino que logra aterrorizar a aquellos ciudadanos de buena fe que confían plenamente en las instituciones, al comprobar hasta que punto puede instalarse en nuestra sociedad un tinglado con tintes claramente mafiosos que, supuestamente, implicaría a policías, empresarios, políticos, periodistas, fiscales y magistrados. Una red de favores que no solo facilitaría el lucro y la impunidad a sus integrantes, sino que torpedearía el derecho a la justicia de quienes pudieran verse atropellados por sus intereses.
Al parecer, según fuentes judiciales, las filtraciones de antiguos asuntos que relacionan al anterior Jefe del Estado con la vedette de Totana Marita García García (de nombre artístico, Bárbara Rey) y el CNI, son la punta de lanza de esa cruzada con la que Villarejo y otros policías de su cuerda, tratarían de presionar al Gobierno y a la justicia, para que le eximieran del procesamiento. Un asunto viejo del que, al parecer, quedan muchos capítulos por contar. Sobre todo, los relacionados con extorsiones de la artista y, supuestos, importantísimos pagos con dinero público.
El ex ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, fue uno de los mayores valedores de Villarejo. No en vano era «uno de los suyos» y le defendió a capa y espada, justificando lo injustificable de este personaje sobre el que Nicholas Pileggi y Escorsese podrían, sin duda, componer un magistral guión cinematográfico.

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