MADRID, 20 (OTR/PRESS)
Es sabido que todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Salvo que medie un milagro ese se parecer ser el destino de la ronda de contactos que impulsa el Gobierno con políticos, empresarios y personalidades del mundo cultural catalán. «Se puede hablar de todo, menos del referéndum» -tiene dicho Mariano Rajoy-. «Habrá referéndum, sí o sí»- replica Carles Puigdemont desde la «Generalitat».
El referéndum es el nudo gordiano. La piedra de toque de todo este desgraciado proceso que impulsado por los independentistas de Esquerra Republicana y por los conversos de la antigua Convergencia han inoculado en la sociedad catalana el peligroso germen de la división. División que se fomenta con todo tipo de actos de deslealtad institucional por cuenta del actual gobierno de la «Generalitat» y del anterior, el presidido por Artur Mas. El último y más sonado fue ceder el Palau Sant Jordi, sede de la «Generalitat», para una rueda de prensa en la que Mas, imputado en la causa judicial que investiga la convocatoria ilegal de la consulta del 9N (2014), cuestionó la legitimidad del tribunal que le juzga.
Antes de que sendas sentencias del Tribunal Constitucional declararan ilegales tanto el ensayo del 9N (el «referéndum de cartón»), como la llamada «hoja de ruta de la desconexión» aprobada por el «Parlament», desde la «Generalitat» han sido frecuentes las proclamas orientadas a crear un clima de opinión pública negacionista respecto de los vínculos históricos entre Cataluña y el resto de España. Un discurso orientado a construir una alegato acerca de supuestos agravios («España nos roba») que justificarían la proclama separatista. Y que, de paso, se constituye en cortina de humo que pretende diluir la ineficiencia de los últimos gobiernos de la «Generalitat» a la hora de afrontar los problemas reales de los ciudadanos que viven en Cataluña: elevada tasa de paro, recortes en los servicios sanitarios, infraestructuras sin mantenimiento, retrasos en los pagos a proveedores, pérdida del cosmopolitismo cultural, etc.
España es el Estado unido más antiguo de Europa y ese legado que nos transmite la Historia solo podría ser cambiado por obra de la voluntad del pueblo español. De todo el pueblo, no de una parte. En ese registro fundamenta nuestra Constitución la legitimidad que ampara el rechazo a una consulta unilateral como la que reclaman los partidos separatistas catalanes.
No hace falta ser profeta para decir que la iniciativa de diálogo del Gobierno no cambiará los planes de quienes desafían la legalidad vigente soñando con superar el nudo gordiano que para ellos supone la Constitución vigente. Buscan la confrontación porque viven del conflicto. Conocido su juego, sería ingenuo hacerse ilusiones acerca del recorrido que puedan tener las ofertas de diálogo que excluyen cualquier referencia al referéndum.
