MADRID, 1 (OTR/PRESS)
Al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le han entrado las prisas. Quiere cerrar cuanto antes la pesadilla que, con su necesaria colaboración, no para de crecer desde que su antecesor y sin embargo amigo, Artur Mas, la pusiera en marcha, hace ya cinco años.
En las pesadillas todo lo que ocurre es absurdo. Y lo último que ha ocurrido en relación con el extravagante reto soberanista al Estado es una iniciativa parlamentaria de Junts pel Si que busca un atajo para anticipar el choque de trenes entre la Generalitat y el Gobierno de la Nación. Supone eludir la tramitación ordinaria, que exige, por razones de higiene democrática, la prueba del contraste. Aunque nos de algo de vergüenza se hace necesario recordar que en democracia es básico escuchar la voz de la oposición ante las iniciativas del poder.
La iniciativa, firmada por la sindicación nacionalista de ERC y la ex CDC de Mas y Pujol, pretende una reforma reglamentaria que permita la aprobación en lectura única de la llamada ley de desconexión. La insólita ocurrencia está de momento paralizada por los defectos formales apreciados por los letrados del Parlament, pero es intención de sus firmantes volver a intentarlo la próxima semana. Si prosperase esa reforma, creen los valedores del desafío al Estado que ya tendrían en su mano la base legal y la posibilidad de aprobar inmediatamente esa ley de «transitoriedad jurídica» celosamente escondida bajo la manga (ay, ese indiscreto Santiago Vidal).
En el sueño independentista aparece así una vía rápida hacia la republica independiente de Cataluña. Sin debate parlamentario, sin posibilidad de que otros grupos presenten enmiendas, sin previa publicación en el boletín oficial de la Generalitat y sin pasar por el preceptivo dictamen del Consejo de Garantías sobre el encaje estatutario y constitucional del procedimiento.
Es decir, se trata de acortar el camino hasta la convocatoria del imaginado referéndum de autodeterminación, a sabiendas de que es imposible porque el Gobierno -esta vez, sí- lo impedirá con todos los medios legales a su alcance. Ya, pero Puigdemont habrá cumplido y entonces su mutis por bambalinas estará justificado. Se comprometió a convocar la consulta. No a que a se celebrase. Y mucho menos a que se aplique realmente el articulo primero de la llamada ley de desconexión, que reza: «Cataluña se constituye en republica de derecho democrática y social».
Deprisa, deprisa. Antes de que el Tribunal Constitucional pueda impugnar un texto guardado bajo llave. Antes de que ante la opinión pública se amontonen las noticias judiciales que hablan de la gran impulsora del proceso soberanista (la CDC fundada por Pujol) como un nido de corrupción. Y, sobre todo, antes de que el jefe de Puigdemont, Artur Mas, pueda ser inhabilitado y acabe siendo un juguete roto como le ocurrió a Arnaldo Otegui.
