Fernando Jáuregui – Error, inmenso error.


MADRID, 23 (OTR/PRESS)

Pues naturalmente que hay que cumplir la ley y los dictados del Tribunal Constitucional, ahora, por cierto, en remodelación. Pues naturalmente que no se puede ir por la vida organizando referéndums -o referenda, como gusta decir en ámbitos académicos- a capricho y placer. Pero uno siente que por dentro le crece la impresión de que algo estamos haciendo mal, muy mal, con nuestras leyes y nuestros dictámenes del muy alto Tribunal, porque estamos consiguiendo, del lado de acá, empeorar las cosas que ya han hecho lo peor posible del lado de allá. Y hablo, por ejemplo, de Barcelona y de Madrid.
No, no me ha parecido acertado inhabilitar primero a Artur Mas, a Rigau y a Ortega, luego a Francesc Homs, aunque sea por un tiempo limitado: se presentan ahora en Cataluña como adalides de la independencia. Unos héroes que no pasarán de políticos mediocres a las páginas de la gran Historia. Y lo mismo ocurrirá con los miembros del Parlament que, lógicamente, también tendrán que ser inhabilitados, comenzado por la presidenta de la Cámara, por amparar y votar a favor del referéndum secesionista que sigue su marcha, imparable… e imposible.
¿Acabaremos por inhabilitar a más de la mitad del Legislativo y a todo el Ejecutivo catalán? Menudo error. Será divorciar del todo a la clase política no constitucionalista con «Madrid». Y crear el caldo de cultivo para que siga la desobediencia, ya casi convertida en rebelión. ¿Seguiremos los dictados de los «halcones» capitalinos, que piden que ni siquiera se permita a Puigdemont hablar en el Senado, una vez que ha rechazado ir a una comisión de la Cámara Alta a debatir con «populares» y socialistas? ¿Hasta dónde podremos seguir en esta carrera hacia el choque frontal, que sin duda dejará muchos perjudicados, de dos trenes guiados por maquinistas que vislumbran, impasibles, la colisión?

Creo que, a golpe de Código Penal, estamos dejando pasar la hora del diálogo. Cúmplase la ley, sí -pues claro que son ellos, los independentistas, los que la incumplen, que nadie equivoque el sentido de lo que aquí escribo–; pero la aplicación de las normas tiene que servir para solucionar los problemas, no para agravarlos.
Todavía creo en soluciones imaginativas -pasando por un referéndum constitucional, al amparo del artículo 152.2 de la ley fundamental, previa reforma del Estatut–, que impliquen la generosidad de los partidos no independentistas y del resto de las Comunidades Autónomas españolas: hay que aceptar que España -España, sí- es un país -sí, un país, uno- heterogéneo, muy heterogéneo. Y, a estas alturas, lo único que digo, porque me sale del alma. Es que las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, los llamamientos a la «mano dura», incluso a desmontar hipotéticas urnas ante un referéndum, no hacen sino empeorar las cosas. Judicializar la vida política tratando de embridar sentimientos nacionalistas, o abiertamente separatistas, no va a solucionar gran cosa.
«Operación diálogo» tiene que implicar lo que un intercambio entre dos partes implica: superar los obstáculos que suscitan incomprensión. Nada ganaremos, los que estamos radicalmente en contra de que una parte de España se separe del resto, con atribuir a la otra parte la totalidad de las culpas, y menos aún echándoles encima a los tribunales o incluso ¡a las fuerzas de seguridad!. Hay mucho tramo por recorrer antes de llegar a las salas de audiencia de los tribunales. Y mucha sabiduría que derrochar antes de expulsar a alguien como Francesc Homs del Parlamento español sin siquiera haber agotado las posibilidades de convencerle de que hay que seguir conllevando -Ortega dixit- el problema.

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