MADRID, 7 (OTR/PRESS)
A la hora de escribir ésta columna, nada se sabe aún de Ignacio Echeverría, el joven ferrolano que salió en defensa de una mujer que estaba siendo apuñalada durante los sucesos de Londres. Tal vez se sepa ya, cuando éstas líneas se publiquen, la suerte que corrió nuestro heroico compatriota, pero durante cuatro días, durante todo ese tiempo infinito y agónico para su familia, ha sido un desaparecido en uno de los países que se reputan como más avanzados del mundo.
Theresa May, la infausta hacedora del «brexit» que, contra toda lógica, parte como ganadora de los inminentes comicios de su país, ha anunciado que recortará los Derechos Humanos para luchar más eficazmente contra el terrorismo, equiparando así al Estado británico, de alguna manera, con éste, tan dado a abolirlos todos. Pero hay un derecho fundamental que el Reino Unido ya ha conculcado sin esperar a que esa Le Pen de la isla sea reelegida, y es el derecho a saber si Ignacio Echeverría está vivo o muerto, y dónde está, y de qué naturaleza son sus heridas o cual fue la causa de su muerte.
El «protocolo» de la Policía de Londres manda, y es, según palabras del ministro español de Exteriores, «muy pesado». ¿Desde cuando un protocolo policial, por muy minucioso, o «pesado», o ineficaz que sea, puede prevalecer sobre el Derecho? El ataque de Londres no fue el estallido de un coche-bomba, ni un accidente ferroviario o de aviación, donde los cuerpos quedan a menudo irreconocibles, destrozados. ¿Se necesitan cuatro días para identificar a un herido o a un cadáver en una ciudad como Londres, con todos los medios científicos y toda la información al alcance de la mano?
Si vivo, ¿dónde está el bueno de Ignacio? Si muerto, ¿dónde están sus restos, de qué murió, de qué mala cuchillada o de qué balazo de «fuego amigo»? La Policía de Londres, ciertamente forzada por los tiempos que corren a abandonar su admirable tradición desarmada, ha pasado, sin embargo, al otro extremo, al de disparar a discreción con armas de fuego en plena calle, en plena desbandada, acaso como anticipo de esos anunciados recortes a los Derechos Humanos. Al parecer, identificar a un ciudadano, evitar la pesadilla de sus allegados, es, en ésta nueva y siniestra era que se avecina, secundario.
