MADRID, 17 (OTR/PRESS)
La llamada Declaración de Barcelona, una gavilla de propuestas políticas y económicas con la que el PSOE pretende frenar el proceso separatista liderado por el Gobierno de Cataluña, llega tarde. Los independentistas están en otra cosa. Pretenden celebrar un referéndum invocando el derecho de autodeterminación para dar apariencia de normalidad democrática a lo que no es más que un acto sedicioso contrario a la Constitución.
Nada, salvo la aplicación estricta de la ley, les detendrá en esa deriva de manera que la irrupción en escena de la propuesta socialista lo único que aporta es confusión. Confusión y, lo que es más lamentable, elementos que refuerzan el argumentario victimista tan del gusto de los partidos separatistas.
No otra cosa supone proponer el restablecimiento de aquellas disposiciones del Estatuto que en su día fueron recortadas o anuladas por el Tribunal Constitucional. Por no hablar de poner en marcha un nuevo sistema de financiación definido en la Declaración como «más justo y equitativo» que, aceptado como premisa, vendría a dar razón a quienes han construido un discurso de agravios cuyo estrambote ha sido el tristemente famoso mantra del «España nos roba».
Así pues, amén de inoportuna -estamos a 75 días de la fecha fijada por el presidente Puigdemont para la «desconexión» de Cataluña de España- la iniciativa de la nueva dirección del PSOE con Pedro Sánchez al timón y Miquel Iceta en la sala de máquinas -es contraria a la lógica de la defensa de la Constitución pues viene a dar oxígeno a los sediciosos al endosar al Gobierno Rajoy la responsabilidad en el enconamiento del proceso por no haber atendido las 46 reivindicaciones presentadas por Puigdemont en el mes de abril del 2016.
Cuando lo que está en riesgo es la unidad de España toda iniciativa construida sobre la equidistancia política debilita la prioridad que todo demócrata debería asumir sin titubeos. Obvio es decir que esa prioridad no es otra que la defensa sin fisuras de la Constitución. Pedro Sánchez que ha resucitado políticamente por obra de una parte de suyos sabe cuando propone reformar la Carta Magna como camino para «recomponer los consensos» está realizando un brindis al tendido puesto que sin el apoyo del Partido Popular -con el que no cuenta- la iniciativa se queda en pura campaña de márquetin político personal.
Todo este juego de artificio sería plausible ya digo, como campaña de imagen del secretario general del PSOE, si la democracia española nacida con la Constitución del 78 no estuviera afrontando su mayor riesgo desde el intento de golpe de Estado del 23 F. No es la hora de la división entre los demócratas. El desafío planteado no admite equidistancias.
