Escaño cero – La respuesta de la Ley


MADRID, 7 (OTR/PRESS)

Sí, las comparaciones son odiosas, pero no pude evitar pensar que lo que estaba viendo ayer que sucedía en el Parlamento catalán era una escena de las que se suceden en el Parlamento de Venezuela donde el régimen bolivariano viene quebrando hasta las más mínimas reglas de la democracia.
Y me produjo un estremecimiento ver el fanatismo y la ira que habita en los dirigentes independentistas, desde el Presidente Puigdemont a la presidenta del Parlamento Carmen Forcadell, amen de los diputados de la CUP y de Junts per el Si.
¿Qué se puede y que se debe hacer cuando un grupo de dirigentes políticos, el Presidente y el gobierno de una Comunidad Autónoma, más una parte del Parlamento autonómico deciden violar las leyes?

Nadie podrá decir que la respuesta del presidente Rajoy y el Gobierno no es una respuesta medida, que huye de la confrontación, y que se basa en el cumplimiento de la Ley como no puede ser de otra manera en una democracia.
España es un Estado de Derecho, disfrutamos de una democracia sólida, formamos parte de la Unión Europea, y no hay ninguna diferencia política que no se pueda abordar desde la Ley. Por tanto es inadmisible el comportamiento golpista de los independentistas catalanes.
No cabe buscar culpas ajenas como algunos pretenden mirando a Madrid. Los políticos independentistas catalanes son los únicos responsables de quebrar la legalidad, de no respetar al Tribunal Constitucional y de estar perpetrando una autentica sedición contra el Estado democrático del que Cataluña forma parte.
Por tanto no caben equidistancias ni intentar repartir culpas por la situación gravísima que estamos viviendo en nuestro país desde la instauración de la democracia, la más grave desde el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981.
Y por eso no dejo de preguntarme donde están todos los ciudadanos demócratas de Cataluña, y si en algún momento serán capaces de plantar cara a la locura desatada por los independentistas.
No se trata de actos heroicos sino de la defensa del Estado constitucional que es el que garantiza la democracia y las libertades.
En cualquier caso, solo cabe esperar que el Gobierno impida la secesión con la Ley en la manos y eso sí, quienes quieren provocar esa separación, por las malas, de Cataluña de España, que sean conscientes de que tendrán que responder ante los Tribunales y asumir las consecuencias de sus comportamientos antidemocráticos.

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