MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Cuando sólo faltan cinco días para el 1-O, fecha del referéndum ilegal convocado por la Generalitat de Cataluña, las cosas no pintan nada bien para nadie: ni para los independentistas y promotores del citado referéndum, ni para el Estado, obligado a impedir su celebración si quiere preservar el cumplimiento de la ley, ni, sobre todo, para la propia sociedad catalana, profundamente dividida y fracturada por culpa de unos dirigentes políticos irresponsables que la han colocado al borde del precipicio. De aquí al domingo es muy difícil, por no decir imposible, que se encuentre algún tipo de solución a la situación creada. Los independentistas han ido tan lejos en sus pretensiones, que han obligado al Estado -Gobierno, jueces, fiscales- a tener que dar una respuesta al desafío secesionista que a ojos de una parte de la opinión pública ha podido parecer desproporcionada y excesiva. Sin embargo, en estos días pasados se han visto escenas y hechos de una enorme gravedad: la Guardia Civil refugiada dentro de un edificio oficial de la Generalitat porque unos manifestantes la acosaban en la calle y destrozaban tres vehículos de la Benemérita; una secretaria judicial teniendo que salir por la azotea de un edificio; la Presidenta del Parlamento de Cataluña arengando a las masas en plena calle; el Consejero de Interior diciendo públicamente que no acatarán la orden de la Fiscalía de que sea un mando de la Guardia Civil quien coordine a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, incluidos los Mossos d»Esquadra. Llegados a este nivel de tensión, de enfrentamiento, de desafío, el Estado no tiene más remedio que emplearse a fondo, con todos los medios a su alcance, para que el próximo domingo no se lleve a cabo el referéndum ilegal. Este partido que se juega el día 1 lo tiene que ganar el Estado, por su propia supervivencia y para dejar claro que nadie, absolutamente nadie, puede situarse o estar por encima de la ley. El problema es que esto no termina este domingo. Si se impide el referéndum, los independentistas aprovecharán el enrabietamiento que eso produzca para seguir con su pulso al Estado. Y si lo hay, mucho peor, porque supondrá la derrota del Estado de Derecho al no haber sido capaz de impedir que se imponga la ilegalidad en una parte del territorio nacional. Por no hablar de los partidos, PSOE y Podemos fundamentalmente, que están esperando al día 2 para plantear un jaque mate a Rajoy en forma de moción de censura que sólo necesitaría -aparte de los independentistas catalanes- del apoyo más que probable del PNV para salir adelante. Y con un gobierno de esas características, las concesiones políticas a Cataluña y a otras Comunidades Autónomas donde los nacionalistas tienen peso, están más que aseguradas.
