Escaño cero – Algo más


MADRID, 27 (OTR/PRESS)

Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, además de magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado dicho en una entrevista en TVE que si bien la obligación de los jueces es aplicar la ley, hay cuestiones que tienen que resolver los políticos. La entrevista versaba, claro está, sobre lo que está sucediendo en Cataluña.
Tengo que decir que a pesar de estar encuadrado en el sector conservador de la Magistratura, en sus declaraciones publicas, así como en su paso por el Consejo General del Poder Judicial, Almenar siempre ha hecho gala de una escrupulosa independencia, ponderación y sensibilidad social. Si no fuera porque es el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura sería difícil situarle políticamente, precisamente por esa independencia de la que hace gala.
Pero a lo que voy, Manuel Almenar dijo en esa entrevista en TVE algo que es inapelable: además de hacer cumplir la ley, que eso es cosa de la Justicia, los responsables políticos deben de buscar soluciones políticas a los problemas políticos.
Sin duda el Gobierno ha acertado no cayendo en las provocaciones de los independentistas pero por otra parte ha renunciado a hacer política. En estos últimos años de ofensiva independentista el Gobierno debería de haber contrarrestado con lo que ahora los modernos denominan un «relato», es decir haber explicado a la sociedad catalana lo que de verdad les supondría la aventura independentista y también contrarrestar la tergiversación de la propia historia de Cataluña llevada a cabo por seudohistoriadores al servicio de la Generalitat.
Ahora se echa en falta que, además de hacer que se cumplan las leyes en Cataluña, ¡faltaría mas!, el Gobierno hilvane un discurso con propuestas concretas para salir del embrollo en que los irresponsables dirigentes del independentismo, Artur Mas, Puigdemont, Junqueras y sus amigos de la CUP, han metido a Cataluña.
Es evidente que los actuales dirigentes políticos catalanes son unos irresponsables que está promoviendo una sedición, que además mienten y manipulan, y por tanto la obligación del Gobierno es evitar esa sedición y hacer cumplir las leyes, es decir el Estatuto de Autonomía y la Constitución. Pero también es evidente que una vez que se impida la celebración del referéndum hay que buscar respuestas políticas a la situación en Cataluña. Y para eso es necesario el diálogo pero sobre todo un plan, una hoja de ruta.
Seguramente el Gobierno no está tan inane como parece, pero esa estrategia no es la más conveniente. Hace falta algo más que la aplicación de la ley para resolver el problema de Cataluña. Aunque como ha dicho Felipe González en su última intervención pública, lo primero que tienen que hacer los dirigentes catalanes es parar el «procés» y el referéndum y luego «ya parlarem». Pues eso.

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