Fernando Jáuregui – El futuro president de la Generalitat, en Estremera


MADRID, 3 (OTR/PRESS)

¿Era consciente Su Señoría, al enviar tan fulminantemente a la cárcel al vicepresidente de la Generalitat y a varios de sus «consellers», de que este vicepresidente podría ganar las elecciones dentro de mes y medio, y que esas elecciones pasarán de autonómicas a quizá constituyentes? Probablemente, la juez Lamela no es, ni debe serlo, plenamente sabedora de que su decisión, que me atrevo a criticar parcialmente, puede producir efectos impensados e impensables en el cuerpo político de la nación, en la marcha de España hacia su destino.
¿Sabía el fiscal general, en su querella contra el independentismo catalán, a dónde llevarían las aguas? Y, en último término, ¿imaginaba el Ejecutivo central que preside Rajoy que, poniendo las soluciones al entonces solo posible conato de sedición en manos de los jueces, y no de la política hábil, los males podrían ser peores que los beneficios?

Escribo un poco desde la oscuridad, porque a saber cuál será la nueva sorpresa, pero, en cualquier caso, hay que advertirlo previamente en estos tiempos del cólera, escribo desde el lado del anti independentismo. Culpo en primer lugar al mesianismo de Artur Mas y a la insensatez, sin fondo intelectual alguno, de su sucesor a dedo, Carles Puigdemont, y a sus camarillas, de lo que está ocurriendo, del terrible descalabro que esta sufriendo Cataluña, del pavor que se ha enseñoreado del resto de España. Pero, una vez dicho esto, creo, y es evidente, que de este lado, en el que insisto que me sitúo, se han hecho muchas cosas mal, y a los resultados me remito. Han faltado diálogo, generosidad, imaginación y ha sobrado judicialismo, que es palabro recién inventado, pero muy gráfico.
No, no se debería haber gestionado, y lo dice alguien que de jurista solo tiene muchos años de estar mirando casos y cosas variopintos, como se ha gestionado: ni ha habido equidad en los casos del Supremo y la Audiencia Nacional, ni tiempo suficiente para la defensa de los encarcelados tan rápidamente en el último de estos casos, ni se ha calificado de manera lo suficientemente distante -pero ¿hay o no rebelión?–, ni…
Las decisiones judiciales se acatan, pero pueden, cómo no, criticarse, aunque ya sabemos que, en situaciones de crisis extrema, y en las guerras, la libertad de expresión es lo primero que sufre: ¡ay de los disidentes en todo o meramente en algo! Esto es lo que siente ahora el cronista de buena voluntad: discrepando, ¿se da alas a los sediciosos? ¿O se coopera a la equidad democrática?

Escribo desde una ciudad europea, muy visitada por turistas y juristas españoles, y escucho opiniones libremente expresadas y no demasiado coincidentes; yo diría que una mayoría se alegra de la dureza de las decisiones del fiscal y de la jueza de la Audiencia Nacional –«que paguen por lo que han hecho»–. Pero otros muchos discrepan de los modos, de los tiempos, del enfoque, admitiendo que la Justicia debe siempre prevalecer y que el delito hay que castigarlo siempre. La ley es interpretable, faltaría más, y para eso están los jueces. A la vista está que el magistrado del Supremo y la de la Audiencia siguieron caminos distintos, decidiendo el primero dar más tiempo a los que comparecieron ante él para preparar su defensa. Y dando argumentos la segunda a los abogados defensores de los hoy encarcelados. Que, por supuesto, don Pablo Iglesias, nada tienen de presos políticos, aunque así vayan a ser presentados por las partes interesadas.
La Justicia, una vez que caes en sus manos, es imparable, y así debe, creo, ser. Por eso, confiar un caso que es político sobre todo a los tribunales hace que se corra el riesgo de que los remedios pueden ser peores que las enfermedades, y mira que estas eran, son, graves. «Impecablemente legal, políticamente incorrecto» ha sido el proceder judicial, deben andar pensando ahora los mismos miembros del mismísimo Gobierno que decidió judicializarlo todo. Y conste, insisto de nuevo, que aplaudí la (tardía) decisión de Rajoy de actuar con el artículo 155 de la Constitución en la mano, porque lo de la Cataluña no podía seguir así ni un minuto más. Lo cuestionable ha sido lo anterior y lo posterior.
Pero ahora, a saber en qué va a parar todo esto. Ya digo que los candidatos a unas elecciones desde la cárcel pueden hacer campañas muy destructivas, y repito que escribo desde un país europeo en el que el prestigio de mi nación, España, ha caído en picado, y a las portadas de prensa y comentarios de televisión me atengo. Y a saber, insistamos, cómo se resuelve el hecho de que uno de estos candidatos gane en los comicios; correremos, entonces, el riesgo de albergar en Estremera a un nuevo Mandela, que es figura que el independentismo siempre busca y necesita. Y, desde luego, me parece que ese nuevo Mandela dista mucho del original, en todo, excepto en su enorme tozudez. Creo que vamos a atravesar por grandes turbulencias, que quizá, confío, la maquinaria judicial contribuya, ahora, a solventar. O no.

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