En nuestros días, que una profesora pegue a una alumna es más infrecuente que el que un progenitor pegue a la profesora de su hijo.
Cuando esto último ocurre, los sindicatos de enseñanza, la Consejería de Educación, la policía y los jueces actúan de inmediato contra el agresor porque la denuncia por tan intolerable proceder se presenta de inmediato. Es lo que dicta el sentido común y lo que procede en cualquier sociedad civilizada.
El problema empieza cuando esa sociedad civilizada tiene una grave infección en su sangre causada por el virus nacionalista staphylococcus Aureus y convierte la paliza de una profesora a una alumna por pintar la bandera española con la frase ¡Viva España! en un hecho aislado y fortuito que “no hay que criminalizar” y que se tiene que analizar.
Actualmente, cuando una mujer presenta una denuncia por malos tratos contra su marido, pareja, compañero, amistad o conocido circunstancial la policía actúa de oficio, detiene al presunto agresor, lo pone a disposición del juez y éste decide si ingresa en prisión preventiva o queda en libertad con cargos o sin ellos. Es la ley.
Y digo yo, cuando una niña de 10 años es agredida, zarandeada hasta caer al suelo y golpearse, izada desde el pavimento por el cuello y empujada fuera del aula por una profesora (¿?) independentista y fanática porque la cría ha dibujado en el cuaderno de clase una enseña nacional con la máxima ¡Viva España!, por qué los sindicatos del ramo y la Consejería de Educación miran para otro lado, la policía no puede detener a esa maltratadora y los jueces permanecen inactivos hasta que se presente una denuncia. ¿Esto es normal?, ¿Tiene sentido?, ¿Corresponde a un país y a una sociedad avanzada?, ¿Está enferma?
El sindicato CCOO, que en Cataluña acumula indignidad por toneladas, pidió “no criminalizar” a la pedagoga, una tal Miriam F., ni al centro educativo (¿?) de Tarrasa Font de L’Alba (¡qué nombre más idílico para un auténtico correccional!). La Consejería de Educación, en manos de Josep Bargalló, del partido independentista y racista ERC, ha ordenado a los Servicios Territoriales del departamento en el Vallés Occidental que investiguen la presunta agresión y declarado que “por ahora lo único que podemos decir es que estamos analizando el caso”. La dirección (¿?) del colegio calla y no otorga. La policía está a la espera y los jueces a verlas venir.
El parte médico es inapelable al detallar las lesiones de la niña y diagnosticar dorsolumbalgia (por la caída) y contusión en el primer dedo. Varios compañeros de la menor, que avisaron del suceso a la madre en el momento en que ocurría (la progenitora estaba esperando a la pequeña a la puerta del centro), detallaron cómo la maestra la gritó, la cogió de la camiseta, se cayó al suelo lastimándose, y después agarró a la chiquilla del cuello y la sacó de clase.
En Cataluña y en otras partes de España la educación está en manos de agitadores, adoctrinadores y escoria como Miriam F., militante de Omnium Cultural (OC), publicitaria del Frente para la República (plataforma ultraindependentista catalana) y portadora contumaz en el aula del lazo amarillo, contraviniendo las normas legales de no impartir clase con símbolos políticos a la vista. Y esta acémila que lanza con frecuencia en el colegio la proclama “visca els països catalans” da clase a niños de 10 años, es miembro del consejo escolar en representación del profesorado, tutora de cuarto B de Primaria y está protegida por la Consejería de Educación y por la dirección del Font de L’Alba, que destaca en su proyecto educativo “el respeto al pluralismo y la interculturalidad; la defensa y aplicación de los valores democráticos; la defensa de la coeducación y la igualdad de derechos, sin discriminación por razones de sexo, etnia o creencia”.
Un falso bla, bla, bla para ocultar la verdad: que es un correccional para transformar a niños normales en adoctrinados defensores furibundos de una ensoñada república catalana que también sería etnicista, xenófoba y racista. Prueba de ello es que Isabel Marqués Amat, Síndica de greuges de Tarrasa (¡olé los cargos públicos a expensas del contribuyente otorgados por separatistas para otros conmilitones secesionistas!) tenía en sus manos desde diciembre de 2018 un escrito del grupo municipal de Ciudadanos en el que advertía de comportamientos cuestionables que se estaban produciendo en colegios e institutos públicos de la localidad (tales como sanciones por hablar en español en el recreo, considerándolo un “acto incívico”, o reclusión en una habitación a dos niños por llevar una insignia española, mientras se felicita a una niña que porta la bandera independentista), pedía que actuara de oficio y citaba entre esos centros malignos a Font de L’Alba y el IES Montserrat Roig. Si las entidades constitucionalistas Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), Impulso Ciudadano (IC) y la plataforma S’ha Acabat (Se ha acabado) no logran sus objetivos, el resultado de la educación en Cataluña será el que diseñó el taimado Jordi Pujol y sus secuaces: una anti España.
Cuando en un Estado ocurre esto y ese Estado no tiene mecanismos y voluntad para impedirlo e inhabilitar a vida a esa adoctrinadora de niños es que no hay Estado y, en consecuencia, que corre peligro de desintegración. Es lo que pasará en España por la incapacidad para evitar hechos como estos en Cataluña, Baleares, Valencia, País Vasco, Navarra… y por la connivencia de la ministra de Educación y portavoz en funciones, Isabel Celaá Diéguez, que mira para otro lado y remolonea para mandar un requerimiento a través de la Alta Inspección Educativa que compruebe si se está garantizando la libertad e integridad de menores y docentes. De no cortarse radical y rápidamente este adiestramiento en las aulas y en otras instituciones públicas, la situación abocará en una nueva guerra civil y tras ella, si no ganan los constitucionalistas, al mismo final de la historia que tuvo Yugoeslavia. Tiempo al tiempo que todo llega.
JORGE DEL CORRAL
