Efrén Díaz Casal:»Respuesta a la Ilma. Sra. Dª M.ª Pilar Rodríguez Fernández, Fiscal Jefe Provincial de Madrid»

Efrén Díaz Casal:"Respuesta a la Ilma. Sra. Dª M.ª Pilar Rodríguez Fernández, Fiscal Jefe Provincial de Madrid"

DESTINATARIOS

Para:

Ilma. Sra. Dª María Pilar Rodríguez Fernández, Fiscal Jefe Provincial de Madrid

Cc:

Excmo. Sr D. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Consejo General del Poder Judicial

Excma. Sra. Dª María José Segarra Crespo, Fiscal General del Estado

Ilma.Sra. Fiscal Jefe Provincial de Madrid:

En respuesta a su Decreto de 06/06/2019 enviado con escrito de remisión con Refª 2495/2019, Nº de salida 2483 y fecha 11/06/2019 resolviendo que, en relación a mi escrito de fecha 08/05/2019 presentado ante la Fiscalía General del Estado que lo remitió a esa Fiscalía Provincial, “procede acordar el ARCHIVO, por no aportar datos que acrediten vulneración del derecho fundamental de reunión y asociación en cuanto a actos de culto religioso. Tampoco hay base objetiva que acredite responsabilidad de persona alguna en estos hechos”, la defensa de la ley y de mi dignidad me exigen proclamar mi más amarga decepción y presentar las siguientes alegaciones.

Deseo dejar bien sentado que mi pretensión desde hace más de 2 años es que se cumpla cuanto dispone la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que establece el procedimiento para la tramitación legal de actos religiosos en la vía pública a través de las correspondientes delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, no a través de los ayuntamientos como en flagrante transgresión de dicha normativa se viene realizando.

Su precitado escrito de remisión manifiesta “Significo a Vd. que de conformidad con lo dispuesto en el art. 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede, si así lo desea, reiterar su denuncia ante la autoridad judicial competente”, a lo que alego que dicha normativa alude a las actuaciones del fiscal para el ejercicio de las acciones penal y civil conforme a la Ley, y a su respeto por las garantías procesales del investigado o encausado y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito, no existiendo por tanto relación alguna entre tal normativa y la finalidad que indica el escrito sino más bien un palmario imperativo de las actuaciones de V.S en relación a mi citado escrito.

En mi escrito inicial a esa Fiscalía no figura la expresión ”derecho fundamental de asociación y reunión” que el Decreto de V.S me atribuye, puesto que se trata de 2 derechos fundamentales distintos regulados por normativas distintas, lo que evidencia que mi escrito, que solamente alude al derecho de reunión, no ha provocado su obligada y comprensiva lectura.

En mis correos electrónicos de fechas 13/06/2019 y 14/06/2019, sin respuesta de los destinatarios hasta la fecha con la consiguiente transgresión de la citada Ley Orgánica 9/1983, figuran datos suficientes que acreditan mis pretensiones de que, además de que los poderes públicos respeten la ley, se depuren las correspondientes responsabilidades contraídas durante la tramitación del presente procedimiento y las reiteradas ofensas a mi dignidad, protegida por nuestra vigente Constitución y mi firme y eventualmente frustrado deseo de que la Justicia Española haga efectiva tal protección constitucional.

Pongo a disposición de V.S las pruebas documentales que no le he negado en mi escrito inicial, para facilitarle el cumplimiento de sus misiones y atribuciones contempladas en los Artículos tercero y cuarto de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Igualmente, en la Secretaría de Estado de Seguridad deberían existir las correspondientes pruebas documentales del asunto en cuestión, si es que los funcionarios encargados de su custodia tienen a bien encontrarlas y proporcionárselas a V.S, con la esperanza de que para ello, al contrario que yo, no tenga que someterse a una dura prueba de paciencia y agresión a su estabilidad emocional.

En el archivo adjunto (1) envío a V.S la resolución del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad de la que, paradójica e incomprensiblemente, se viene inhibiendo sistemáticamente ante tanta vulneración de la ley y de su propio dictamen, siendo buena muestra de ello el displicente y censurable silencio con el que desde hace meses, Rafael Pérez Ruiz, Director del Gabinete del Ministro del Interior, viene dedicando a mis solicitudes de promoción de las correspondientes medidas al efecto, enviando igualmente en el archivo adjunto (2), mi respuesta a dicha resolución

En el archivo adjunto (3) envío escrito remitido al entonces Presidente del Gobierno con las mismas solicitudes que el remitido a V.S, recibiendo la respuesta que envío en el archivo adjunto (4), digna de figurar en el Cuadro de Honor de los despropósitos jurídico-administrativos.
Por otra parte, en las siguientes Webs puede V.I encontrar más pruebas:

Carta abierta al Secretario de Estado de Seguridad

Carta abierta a José Antonio Nieto Ballesteros, todavía Secretario de Estado de Seguridad

Carta al pueblo español

Invitación a la cordura

Incumplimiento de la Ley Orgánica 9/1983 en la tramitación de actos religiosos en la vía pública

Sugiero a V.S que en el ejercicio de las funciones que le asigna el Artículo cuarto de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, puede confirmar las pruebas anteriores solicitando información a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y entidades locales que estime conveniente, y a la Conferencia Episcopal Española, sobre el procedimiento que emplean en la tramitación de actos religiosos en la vía publica y organismo de tramitación.

Las pruebas documentales aducidas permiten inferir sin dificultad alguna la existencia de reiteradas vulneraciones y sus responsables, de la normativa reguladora del derecho fundamental de reunión en la tramitación de actos religiosos en la vía pública y de agravios a mi dignidad.
Supongo que V.S convendrá conmigo que su Decreto permite que los poderes públicos puedan continuar pisoteando mi dignidad y vulnerando la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, discriminando al colectivo católico respecto a otros, en la tramitación de sus actos en la vía pública, transgresiones inadmisibles y perseguibles de oficio en todo Estado de Derecho.

Desde mi incapacidad para encontrar la relación entre su precitado Decreto y mis mencionados escritos, correos electrónicos y artículos de prensa, así como razones objetivas que lo avalen, apelo a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia, rectores de la actuación del Ministerio Fiscal según los Artículos sexto y séptimo de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el ruego de que V.S reconsidere su decisión con la lectura de mis escritos y mensajes, a fin de que dada la simplicidad del caso y los 2 años largos de su duración por circunstancias dudosamente confesables ajenas a mi voluntad, atienda a la mayor urgencia posible

MIS SENCILLAS SOLICITUDES:

A) CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA 9/1983

B) DEPURACION DE RESPONSABILIDADES EN EL ASUNTO EN CUESTION

Expreso mi total convicción de que ningún español civilizado y amante de la paz y el orden ponga objeción alguna a estas solicitudes.

No favorece la imagen de nuestro Estado de Derecho el hecho de encontrar tantas dificultades que trato de conjurar, como la imposición de un inacabable y desagradable peregrinaje por un sinfín de organismos con argumentos cuya justificación lógica y respaldo legal no acierto a vislumbrar, para intentar que se respete la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

Por lo expuesto ruego al Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Consejo General del Poder Judicial y a la Excma. Sra. Dª María José Segarra Crespo, Fiscal General del Estado, la adopción de las medidas que en su justo criterio estimen oportunas en relación a mis solicitudes, en consonancia con lo dispuesto por los Artículos 541.1 y 560.1. 7ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Quedo incondicionalmente a disposición de todos los destinatarios para cuanto estimen oportuno en relación a cuanto antecede, a los que ruego acuse de recibo y respuesta.

Efrén Díaz Casal

Coronel de Infantería (R)

 

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