Vox presentó este 11 de julio de 2019 una solicitud a la Asamblea de Madrid sobre los miembros del grupo izquierdista COGAM que están acudiendo a dar charlas a los colegios públicos y concertados de esa comunidad.
Sobre eso reflexiona en voz alta @ElentirVigo en Contandoestrelas:
En el escrito de Vox se pide lo siguiente:
“Relación de colegios públicos y concertados en los que COGAM ha realizado actividades informativas, formativas o de otra índole indicando: la fecha de celebración de la actividad, el centro en el que se realiza, el temario o información trasladada, breve descripción de la actividad o experiencia desde 2015 incluido hasta la fecha actual, nombre y apellidos del ponente o ponentes y cual ha sido la clase o clases destinatarias”.
Hay que decir que COGAM es una de las asociaciones convocantes del desfile del “Orgullo LGTB” que vetó al PP y a Cs por pactar con Vox, pero no vetó a Podemos a pesar de los vínculos de su líder con un régimen islamista que ahorca a los homosexuales. Desde septiembre de 2016, esa entidad ha recibido más de 480.000 euros en subvenciones. De hecho, el 66% de sus ingresos proceden de los impuestos que pagan los contribuyentes, de forma que si se cortan esos ingresos, COGAM tendría serios problemas financieros y tal vez tendría que echar el cierre.
¿Por qué tanto miedo a que se sepa qué contenidos imparte la COGAM?
Desde el lobby LGTB han impulsado una campaña de protesta en las redes sociales contra Vox y el PSOE ha tachado la petición de “cacería de brujas”. A su vez, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que en los colegios madrileños “no se está impartiendo adoctrinamiento” sino “información y educación de calidad”.
En ese caso, ¿qué inconveniente hay entonces a que se conozcan los contenidos de las charlas que las asociaciones LGTB dan en los colegios? ¿Tal vez tienen miedo de que el público conozca cuáles son esos contenidos y descubra que son una forma de adoctrinamiento ideológico? Recordemos, así mismo, que esas charlas se están dando desde 2016 al amparo de una ley apoyada por PP, Cs, PSOE y Podemos que lesiona abiertamente la libertad de educación, al imponer contenidos ideológicos a todos los colegios, incluso a los privados, con el nada disimulado propósito de introducir la anticientífica ideología de género en las aulas como si fuese un dogma incuestionable.
Esto es lo que les están diciendo los comisarios LGTB a los niños en Madrid
Recordemos que a finales de 2016, una grabación desveló la clase de cosas que imparten en las aulas esos comisarios LGTB en Madrid. Uno de ellos reconoció ante los padres que explican a los niños “la idea que os lanzamos es que no hay cuerpos de chico o cuerpos de chica”, que “existen chicos con vulva y también existen chicas con pene” y que “caemos en pensar que tener pene y ser chico es lo mismo y que tener vulva y ser chica son la misma cosa, pero realmente no”: algo radicalmente contrario a lo que nos demuestra la Biología. ¿Qué será lo próximo? ¿Censurar los contenidos científicos de la asignatura de Ciencias Naturales para que no osen contradecir los dogmas ideológicos de un lobby político izquierdista?
¿Los comisarios LGTB cumplen lo que dicta la Ley de Protección del Menor?
Pero hay otro punto interesante de la petición de Vox que parece haber puesto muy nervioso al lobby LGTB: el de la identificación de los profesores. Según el PSOE esa petición “plantea una posible vulneración de la ley de Protección de Datos”. No ha señalado, sin embargo, qué artículo de dicha ley podría vulnerarse con la petición de Vox. ¿Será que no lo ha encontrado? En el ámbito legal sí que se puede hacer un apunte claro y rotundo sobre la petición de Vox. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, dice lo siguiente en su Artículo 13.5:
“Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”.
En cuanto a los miembros de colectivos LGTB que llevan a cabo esas charlas escolares a modo de voluntariado, les es aplicable no sólo la citada ley, sino también la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, cuyo Artículo 8.4 afirma:
“Será requisito para tener la condición de voluntarios en entidades de voluntariado o programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con menores, no haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Penados por estos delitos”.
La ola de nerviosismo provocada por la petición de Vox anima a plantearse algunas preguntas: ¿los comisarios LGTB en las escuelas poseen esos certificados que exige la ley? ¿O quizá se hizo la vista gorda con ellos, para no tener que soportar las típicas acusaciones de “homofobia” que lanzan esos colectivos cuando alguien hace o dice algo que no es de su agrado?
El precedente de Andalucía: así destapó Vox un chiringuito de género
En febrero Vox ya hizo una petición parecida sobre los empleados de las “Unidades de Valoración de la Violencia de Género” de Andalucía, un personal que evaluaba el riesgo de las víctimas de maltrato e incluso quién debe tener la custodia de un menor en caso de denuncia. Entonces la izquierda montó una bronca en Twitter con la misma etiqueta que hoy: “apuntaminombreVox”.
La sorpresa llegó unos meses después cuando la Junta de Andalucía confirmó que más del 50% de esos trabajadores no estaban colegiados como marca la ley.
Es decir, que Vox tenía razón cuando pidió esa información, y al pedirla destapó una práctica ilegal como es emplear a personas sin cualificar y sin colegiar para tomar decisiones relevantes en casos de violencia intrafamiliar. Si entonces la izquierda se puso nerviosa es porque sabía que había chanchullos que esconder, y porque diversas asociaciones tienen un auténtico negocio en torno a esa cuestión que es periódicamente alimentado con subvenciones públicas. Lo que está ocurriendo ahora en Madrid no es más que una nueva pataleta de los chiringuitos subvencionados de los progres, que se revuelven como vampiros cuando alguien abre las cortinas y deja entrar la luz.
