“Moncloa desaconseja la intervención”.
Así de sencillo y así de tremendo.
Esta ha sido la ‘sugerencia’ que ha llegado hasta la Universidad de Cádiz desde máximas instancias gubernamentales y, como suele ser habitual en este país cuando el poder político entra en escena, el rector gaditano ha obedecido presto.
Uno de los pilares básicos de nuestro sistema judicial es que todo el mundo, hasta el criminal más abyecto, tiene derecho a un abogado.
La dinámica que garantiza que en cualquier juicio siempre habrá una figura que acuse y otra que defienda, sean cuales sean las circunstancias concretas, constituye uno de los cimientos del orden constitucional.
Agustín Martínez, el abogado de la infausta ‘Manada’, no hacía nada malo en su papel de letrado defensor.
Al contrario, gracias a su presencia durante todo el proceso, ahora sabemos –tenemos la certeza– de que durante el juicio y posterior condena se ha cumplido con el máximo de garantías procesales.
Pongámonos en el caso contrario: ¿Qué hubiera sucedido si el Sr. Martínez, o cualquier otro abogado, no hubiese estado allí?
La sentencia, fuese cual fuese, carecería de valor.
Por eso mismo, no se entiende la criminalización que Moncloa quiere realizar sobre su figura, impidiéndole acudir a un congreso universitario al que tenía previsto asistir desde hace un mes.
Y todo, porque las mismas jornadas su presencia iba a coincidir con José Guirao, actual ministro de Cultura en funciones.
Desde el punto de vista lógico no se entiende un planteamiento así, y menos aún que el Gobierno se atreva a censurar la presencia de una persona en un acto de la sociedad civil.
El colmo ha sido ya que la universidad, un espacio donde se supone que ha de reinar el rigor intelectual y la libertad de criterio, se pliegue servilmente a sus dictados.
Mucho tiene que progresar aún la sociedad española para emanciparse de la mentalidad cortijera que instintivamente nos acobarda ante el señorito de turno.
Rascamos un poco y emerge el antiguo régimen.
